Mary Diana Meitani Murguía https://orcid.org/0000-0001-9630-1665 Universidad Cesar Vallejo, Lima - Perú
Recibido 30 de Abril 2022 | Arbitrado y aceptado 12
de Setiembre 2022 | Publicado el 23 de Enero 2023 RESUMEN La educación
inclusiva se ha tornado en una política pública, la cual se ha visto
respaldada por instituciones del ámbito internacional tales como el FNUI y
la ONU. No obstante, pese a existir una diversidad de normativas al
respecto, los gobiernos no se comprometen verdaderamente con la
implementación y posterior ejecución de las políticas públicas que
permitan una educación más inclusiva, en consecuencia existen aún muchos
países de la región que cuentan con planes de desarrollo educativo con un
enfoque inclusivo, pero que en la mayoría de casos no trasciende lo
señalado en el papel. En el contexto mundial, observamos dos
características fundamentales en relación a la educación inclusiva: i) los
países cuentan con estructuras normativas que consideran la educación
inclusiva una prioridad; y ii) aún existen enormes brechas que no permiten
efectivizar acciones inclusivas y equitativas dentro del marco de los
sistemas educativos de los países (principalmente emergentes), evidencia
de ello, son la gran cantidad de segmentos poblacionales que no logra
acceder al derecho educativo (UNESCO, 2013). Palabras clave:
inclusion, políticas, educación, heterogeneidad, universalización. ABSTRACT Inclusive education has become a public
policy, which has been endorsed by international institutions such as
UNFPA and the UN. However, despite the existence of a variety of regulations
in this regard, governments are not truly committed to the implementation
and subsequent execution of public policies that allow for a more
inclusive education. As a result, there are still many countries in the
region that have educational development plans with an inclusive approach,
but in most cases, they do not go beyond what is stated on paper. In the
global context, we observe two fundamental characteristics in relation to
inclusive education: i) the countries have
regulatory structures that consider inclusive education a priority; and
ii) there are still huge gaps that do not allow the implementation of
inclusive and equitable actions within the framework of the educational
systems of the countries (mainly emerging countries), as evidenced by the large
number of population segments that do not have access to the right to
education (UNESCO, 2013). Keywords:
inclusion, policies, education, heterogeneity, universalization. RESUMO Palavras-chave: inclusão, políticas, educação,
heterogeneidade, universalização.
A educação inclusiva
tornou-se uma política pública, endossada por instituições internacionais
como o FNUI e a ONU. No entanto, apesar da existência de uma diversidade
de regulamentações a esse respeito, os governos não estão realmente
comprometidos com a implementação e posterior execução de políticas
públicas que permitam uma educação mais inclusiva, por isso ainda existem
muitos países da região que têm planos de desenvolvimento educacional com
uma abordagem inclusiva, mas que na maioria dos casos não vai além do que
está escrito no papel. No contexto global, observamos duas características
fundamentais em relação à educação inclusiva: i) os países possuem
estruturas regulatórias que consideram a educação inclusiva uma
prioridade; e ii) ainda existem grandes lacunas que não permitem realizar
ações inclusivas e equitativas no âmbito dos sistemas educacionais dos
países (principalmente emergentes), prova disso é o grande número de
segmentos populacionais que não podem acessar o direito à educação (UNESCO
, 2013).
1.
Introducción
La
exclusión se da en todos los contextos y situaciones de la vida cotidiana, en
ocasiones de manera directa y perceptible y en otras de forma sutil. A veces,
las situaciones donde se produce exclusión son aceptadas socialmente de manera
que es difícil percibirla incluso por aquellos que la sufren. Lo cierto es que
el avance de la democracia y la mayor percepción de los Derechos Humanos hacen
que la inclusión se convierta en un tema relevante en todos los sectores de
nuestras sociedades y especialmente el educativo (Clavijo, 2020).
En
ese sentido coincidimos plenamente con lo señalado por Booth (2002) cuando
afirma que “todos los seres humanos somos diferentes, no hay dos seres
idénticos. Estas diferencias individuales se deben reconocer en los procesos
educativos” (p. 9).
Al
respecto, Clavijo (2020) señala que en el ámbito educativo todos los ciudadanos
deben tener garantizada una educación de calidad. Las instituciones educativas
son responsables de hacer real el derecho a una educación que despliegue al
máximo en potencial de cada persona. Considerando a la diversidad a partir de
un enfoque más comprensivo, enfatizando que el estudiantado forma parte de una
aglomeración compuesta por diferencias.
En
relación a lo expuesto en el párrafo anterior, resulta interesante precisar un
claro ejemplo de la incipiente adecuación de las políticas publicas para
atender a grupos vulnerables en relación al ejercicio pleno de su derecho a la
educación. En el caso peruano, la continuidad del servicio educativo mediante
la implementación de estrategias de educación no presencial, como medida para
mitigar la propagación del COVID-19, no asegura de antemano que ésta se brinde
en condiciones mínimas de calidad, especialmente para grupos en condición de
mayor vulnerabilidad. Los estudiantes con discapacidad y con otras NEE que
accedieron a la educación presencial en EBR en años posteriores no fueron
incluidos efectivamente en el sistema educativo, debido a la falta de una
política pública educativa pertinente, lo cual ha generado que las II.EE.
continúen prestando
servicios con criterios e instrumentos de gestión que carecen del enfoque de
inclusión (Defensoría del Pueblo, 2020).
El diseño
de políticas públicas que fomenten y promuevan la educación inclusiva permitirá
que los docentes y el personal escolar amplíen la consciencia sobre las
capacidades de todos sus estudiantes y, en un círculo virtuoso, mejoren sus
expectativas frente a la enseñanza y el aprendizaje de las y los estudiantes
con discapacidad o con dificultades de aprendizaje (UNICEF, 2022). El
Ministerio de Educación de Guatemala en su documento titulado “Política de
Educación Inclusiva para la Población con Necesidades Educativas Especiales con
y sin Discapacidad”, señala que La política de educación inclusiva indica el
camino para adecuar procesos pedagógicos, técnicos y administrativos del
sistema educativo, en beneficio de la población con necesidades educativas especiales.
Lo hace al identificar líneas de acción estratégicas para los próximos 10 años:
ampliación de cobertura y mejoramiento de la calidad de la educación especial;
formación, capacitación y perfeccionamiento docente; participación comunitaria
en la gestión educativa (Ministerio de Educación de Guatemala, 2018).
En
ese sentido, la UNESCO (2021) refiere que las políticas educativas en el marco
de la educación inclusiva en cada país se ejecutan mediante intervenciones de
un amplio abanico de acciones para garantizar las oportunidades de presencia,
participación y éxito de los estudiantes como parte de un sistema educativo.
Los beneficiariosde estas son fundamentalmente los niños, niñas y adolescentes
que residen en áreas rurales o dispersas, conforman familias con carencias
materiales persistentes, viven con discapacidad o se encuentran en situación de
vulnerabilidad debido a pertenencia étnica, situación migratoria, prácticas
culturales, adscripción de género u orientación sexual, entre otras causas.
Las
políticas educativas se constituyen en grandes intenciones que se convierten en
actividades asumidas por los equipos gestores del servicio educativo en cada
país de este estudio (autoridades y equipos técnicos de los ministerios de
educación, docentes y directivos de las instituciones educativas), las cuales
buscan plasmarse en una cultura inclusiva, en la que todos los actores de las
comunidades educativas y la ciudadanía se responsabilizan y trabajan
decididamente.
2.
Revisión de literatura
2.1.
Políticas públicas
El
término política tiene su origen en el griego Politeia, el cual se relacionaba
de manera directa con la organización estatal de la polis, que en el siglo XVI
aludía a todo lo relacionado como temas gubernamentales y con ello el diseño,
elaboración y monitoreo de políticas (Sánchez, 2016). El mencionado concepto
pone de manifiesto un aspecto que señala Franco (2013) cuando refiere que se
tratan de parámetros que establecen las autoridades de los gobiernos al momento
de acontecer una determinada problemática que compromete el bienestar social,
de tal manera que todas las decisiones que se tomen alrededor de esta tengan
como máxima satisfacer las demandas de la población. Con esta premisa, se puede
dar a entender lo expuesto por Torres y Santander (2013) quienes manifiestan
que las políticas suelen ser el mayor anhelo de la población para lograr un
mejor nivel de vida. Estas políticas representan un elemento diferenciador en
los países, puesto que permiten su caracterización y distinción entre los demás,
todo ello dentro del marco de la democracia; sin embargo, la política no
siempre es utilizado correctamente y para fines que beneficien a toda la
población, sino por el contrario es utilizada para satisfacer intereses
personales, empleando para ello prácticas corruptas, ocasionando que el nivel
de confianza de la población en sus autoridades decrezca de manera
significativa y sostenida. Por su parte, Velásquez (2014) determina que las
políticas públicas constituyen una ciencia que se gesta a partir de una
situación problemática que atraviesa un país, y que es menester del gobierno
encontrar una solución que beneficie a la población en general, pero para ello
es necesario que se evalúen todas las implicancias que atañen a la referida
problemática y a partir de ello analizar los diversos escenarios que podrían
originarse con la adopción de estas medidas (políticas), una vez definido ello
se procederá con su debida implementación.
Bajo
este enfoque, Sánchez (2016) considera que las políticas públicas son un conjunto
de instrumentos con los que el Estado busca optimizar su gestión y su
integración con la sociedad, a partir del logro de objetivos que permitan
generar bienestar y elevar el nivel de calidad de vida de la sociedad en
general.
El
análisis de las políticas públicas contiene una extensa variedad de enfoques,
desde una perspectiva epistemológica, según Salas et ál. (2012) estas pueden
clasificarse en: positivistas, sociohistóricos y pospositivistas. En primer
lugar, el enfoque positivista considera a la política pública como un proceso
enteramente racional que integran datos y evidencias objetivas para definir el
plan de acción y de esta manera optimizar el proceso de toma de decisiones.
Seguidamente encontramos al enfoque sociohistórico, en el cual se asume que las
políticas públicas constituyen procesos que se gestan como producto de la
interacción de los grupos de interés, bajo este enfoque se analizan el contexto
socio-histórico de las decisiones que se toman en el ámbito político, de esta
manera se busca comprender el por qué algunos temas públicos son incluidos en
la agenda del gobierno de turno y otros sencillamente quedan relegados. Por
último, el enfoque pospositivista o crítico, el cual justamente se presenta
como una posición contraria frente a los enfoques abordados anteriormente,
fundamentando su posición crítica frente a ellos, por el hecho de que los
investigadores intervinientes en el diseño de las políticas públicas toman
distancia de los objetos de estudio o análisis, impidiéndoles tener una
concepción real de la problemática, motivo por el cual se hace más compleja
encontrar la solución que se pretende plantear con el diseño de la política
pública. Asimismo, este enfoque establece que las políticas públicas, el
investigador y el problema que la política pública pretende dar solución son
elementos que se encuentran circunscritos en el mismo orden social. En
consecuencia, para el entendimiento de una política pública, resulta relevante
entender el orden social en la cual se encuentra enmarcada.
Por
otro lado, Vásquez (2016) argumenta en base a lo expuesto por Kuhn, quien
manifiesta que las políticas públicas representan una acción desarrollada en el
fuero político y que tienen un carácter expansivo, mediante el uso de
normativas, reglamentaciones y directrices buscan que el país logre adaptarse a
nuevas situaciones de ser el caso. Además, Kuhn considera que cuando las
políticas públicas ocasionan conflictos de orden social por deficiencias o
insatisfacción de los grupos de interés, es menester de las autoridades la
generación de cambios que permitan encontrar una solución que resuelva la
problemática identificada mediante la implementación o creación de una política
nueva.
Asimismo,
es necesario conocer la tipología de las políticas públicas, para ello, Andía
(2019), realiza la siguiente clasificación: a) Políticas nacionales, son
aquellas que demanda un país y están sujetas a normativas que deben respetarse,
b) Políticas sectoriales, son aquellas que sólo su implementación atañe a un
determinado. Sector ya sea en el ámbito privado o público, c) Políticas
multisectoriales, son aquellas que su implementación involucra a varios
sectores. En este sentido es importante conocer también la segmentación de las
políticas públicas: 1) Regulatorias, son aquellas que buscan ejercer cierto
control sobre el aspecto conductual del individuo, a fin de imponer una
sanción, 2) Distributivas, son aquellas en las que se señala el cumplimiento
igualitario de las medidas con respecto a otras entidades, 3) Redistributivas,
son aquellas que buscan convertirse en una solución viable a los problemas
sociales, destinando un presupuesto específico que permita tomar acciones que
contrarresten los efectos de la problemática identificada, 4) Constituyentes,
son aquellas que buscan corregir el estatus de las entidades, reafirmando que
la jerarquía al momento de tomar decisiones. (Valdiviezo, 2020)
A
fin de conocer las fases de las políticas públicas, es necesario considerar el
Ciclo de Jones, al cual hace alusión Gómez (2011) refiriendo la existencia de
cinco fases: a) Agenda, está conformada por aquellos elementos que demanda o
necesita el país, b) Discusión y formulación, en primera instancia debe
identificarse la problemática, plantear los objetivos y por último precisar las
metas, para el desarrollo eficiente de la formulación de la política es
necesaria una fluida interacción entre los involucrados a fin de concertar la
mejor decisión, c) Decisión, esta fase se realiza una vez concluida las
evaluación de las opciones para el logro de los objetivos propuestos y a partir
de ello se determina el presupuesto para su operatividad, d) Implementación, se
traduce en la ejecución de la política, concretizando las opciones de solución,
e) Evaluación, es la fase final, en donde se evalúan los impactos generados por
la implementación de la política, asimismo se busca identificar los aspectos
por mejorar y reforzar aquellos que han logrado los resultados esperados.
2.1.1.
Dimensiones de las políticas publicas
Según
la UNESCO (2017), las políticas públicas se estructuran en: 1) Gestión
educativa, constituye una función, la cual es desarrollada con el propósito de
generar y sostener las estructuras administrativas y pedagógicas; asimismo
busca sostener los procesos dentro de un marco de democracia, igualdad y
eficiencia, que permita el acceso a su legítimo derecho a la educación, con el
firme propósito de lograr su desarrollo pleno, aportando a la sociedad
ciudadanos de provecho que puedan contribuir a la democracia y al desarrollo
nacional, 2) Desarrollo docente, implica la formación del profesorado, teniendo
en cuenta su desarrollo cognitivo, ético-moral y demás aspectos que permitan
maximizar su desempeño, es necesario reconocer que el desarrollo docente es un
factor preponderante para alcanzar un óptimo nivel de calidad en la educación,
resulta necesario desterrar la formación docente tradicional caracterizada
principalmente por ser fragmentada, no contar con una perspectiva de futuro y
por mostrarse poco articulada con la política educativa vigente, 3) Estrategias
de aprendizaje, estas constituyen los medios por los que se busca que el
proceso de aprendizaje sea más eficiente en todas sus etapas, son aquellas
acciones que definen el éxito o fracaso de este proceso, para ello deben estar
debidamente alineadas a la política educativa y deberá contar con la
participación activa de todos los grupos de interés, por lo general las
estrategias de aprendizaje son la base de una política educativa, puesto que
están dirigidas específicamente a la razón de ser de la educación: el alumno.
2.2.
Educación inclusiva
La
educación es un bien universal, un derecho fundamental de las personas, un
excelente indicativo acerca del nivel de calidad de vida de las sociedades,
además de representar un factor de cohesión, igualdad e inclusión social, si
estos elementos se basan en el respeto de las inequidades de cada persona,
evitando toda forma de exclusión, priorizando la condición humana por encima de
desigualdades, limitaciones, ventajas o desventajas (Martín et ál., 2017).
Siendo así una lucha constante por obtener un sistema educativo con acceso
universal, debidamente cimentado en principios como la igualdad, participación
y no discriminación, todo ello en el marco de una sociedad que vive en
democracia. (Arnaiz, 2003)
Por
su parte, (Booth y Ainscow, 2011) consideran que las políticas educativas
pretenden focalizar la inclusión como una unidad de desarrollo de la escuela y
en muchas ocasiones estas políticas constituyen el único instrumento normativo
que permite orientar los distintos esfuerzos para responder ante el escenario
diverso que significa la educación. Las políticas educativas se traducen en
prácticas educacionales que buscan garantizar que las actividades desarrolladas
en las escuelas promuevan y fomenten la participación masiva de los
estudiantes, evidenciando de manera coherente su nivel de cultura y el rol
preponderante que cumplen dentro del sistema educativo.
Todas
las personas tienen la capacidad de aprender y desarrollarse cuando las
condiciones necesarias para ello son favorables, propiciando de esta manera un
mejor nivel de aprendizaje; sin embargo, en relación a los plazos y calidad
cada persona aprende de forma distinta. Es a partir de esta diversidad humana,
la cual constituye un hecho real, objetivo, innegable e ineludible, que las
políticas educativas deben fundamentarse para implementar una verdadera cultura
inclusiva en el sector educativo. Por lo que es preciso señalar lo afirmado por
Booth y Ainscow (2015), “el ser diferente es algo común, la diversidad es la
norma”, dicho postulado defiende de manera concreta el hecho de que
absolutamente nadie es “anormal” por ser diferente, ya que por lo antes
expuesto, todas las personas somos diferentes, es parte de la esencia humana.
En
tal sentido, para que las políticas públicas inclusivas en materia de educación
obtengan los resultados esperados, estas deberán contar con el apoyo
institucional del más alto nivel, asimismo deberán valorar lo realizado, deben
promover la transformación de forma gradual y mostrando firmeza en sus
acciones, deben fomentar la creación de oportunidades y reforzar la
responsabilidad de los agentes intervinientes en la política, además deberá de
realizarse permanentemente la consulta a los protagonistas, por último deberá
gestionarse de manera transparente y realizando la rendición de cuentas
respectiva, todo lo antes expuesto deberá desarrollarse bajo acciones de
seguimiento y evaluación pertinente y oportuna. La efectiva articulación entre
los agentes intervinientes de la política y el esfuerzo realizado permitirá la
obtención de nuevos conocimientos y buenas prácticas, lo cual posibilitará la
implementación paulatina de atención educativa que demanda la cultura
inclusiva. (MINED, 2010)
Por
otro lado, Ocampo (2021) señala que la educación inclusiva se enfrenta a un
gran dilema, puesto que no se la puede definir a partir de los paradigmas de
ninguna disciplina en específico, puesto que su alto nivel de complejidad hace
imposible dicha tarea. Esto debido principalmente a que los fenómenos que la
conforman son muy dinámicos y versátiles, teniendo que recurrir para su
entendimiento a una serie de disciplinas que confluyen para lograr una
aproximación al fenómeno que representa la educación inclusiva. Asimismo,
Carbado et ál. (2013) consideran que las autoridades encargados de las
políticas públicas no deben confundir la educación inclusiva con la educación
especial, no se trata que una sea la extensión de la otra, sino que ambas se
complementen y en esa sinergia puedan obtenerse los resultados esperados, un
gran error de los gobiernos está dado por el hecho de no definir correctamente
la educación inclusiva y sobre este error diseñar e implementar políticas que
promuevan el desarrollo de prácticas diferenciadas, que asistan a los alumnos
con necesidades de aprendizaje distintos, confinarlos a espacios aislados de
una realidad que vive de espaldas hacia este grupo de personas, fomentando la
desigualdad e incrementando aún más la brecha existente en los sistemas
educativos contemporáneos.
La
inclusión educativa es un conjunto de procesos encaminados a erradicar o
reducir los obstáculos que limitan el proceso de aprendizaje y el acceso
universal de los estudiantes a la educación; la inclusión educativa se puede
dimensionar en tres aspectos fundamentales: la cultura, política y práctica
(Martín et ál., 2017). Asimismo, la educación inclusiva representa un modelo
educativo que aspira a satisfacer plenamente las necesidades de todas las
personas, teniendo una especial atención en aquellos casos que representan
mayor vulnerabilidad ante escenarios de exclusión social (Educo, 2019). Al
mismo tiempo, la UNESCO (2021) establece que en la educación inclusiva los
estudiantes con necesidades especiales deben contar con acceso a escuelas de
educación regular, en donde deben ser incorporados haciendo uso de estrategias
pedagógicas que busquen satisfacer las necesidades diferenciadas de este
alumnado. El accionar de la UNESCO en este contexto se encuentra plasmado en
una serie de dispositivos normativos de carácter internacional que tienen como
máxima promover y fomentar la inclusión y equidad que se traduzca en la
universalidad de la calidad educativa.
Ante
ello, Casanova (2018) considera que la educación inclusiva se trata de un solo
concepto y no dos términos que puedan analizarse por separado, puesto que la
educación no existe si esta no es inclusiva; la inclusión en el ámbito
educativo representa un requerimiento primordial para lograr la calidad
educativa. La educación en un contexto democrático exige que esta sea
inclusiva, de lo contrario no podría hablarse de educación. En tal sentido, la
educación inclusiva constituye un “anhelo” de todos los sistemas educativos,
como medio para reducir significativamente los altísimos niveles de desigualdad
y exclusión existente en el ámbito educativo, dicha situación se ha tornado un
mal endémico de los sistemas educativos, pese a los avances conseguidos a nivel
legislativo-normativo (políticas públicas, leyes, normas, etc.), traducidos en
las reformas educativas que han desarrollado los gobiernos, la situación no
presenta cambios significativos. (Echeita y Duk, 2008, como se citó en Sevilla,
Martín y Jenaro, 2017)
A
fin de un mejor entendimiento de la variable educación inclusiva es preciso
señalar algunos enfoques que permitirán incorporar el principio de inclusión en
materia educativa. En primer lugar, consideramos al Enfoque de segregación,
este enfoque señala que los alumnos que presentan alguna discapacidad o
necesidad de un aprendizaje especial suelen ser incluidos en entidades
especializadas en su tratamiento, considerando para ello el tipo y grado de la
discapacidad que tengan. Luego, encontramos el Enfoque de Integración
Educativa, el cual postula la unión de los estudiantes que afrontan algún tipo
de discapacidad y aquellos que no la tienen, en un mismo centro de estudios
regulares, sin embargo en la realidad los alumnos con discapacidades encuentran
muchos obstáculos puesto que los centros no se encuentran acondicionados para
poder satisfacer su verdadera demanda de aprendizaje, lo cual decanta en
situaciones de discriminación y exclusión. Algunos autores como Rieser (2012)
quien considera que el problema está representado por el alumno, sin embargo,
no compartimos dicha afirmación, puesto que consideramos que la problemática se
origina a partir de un mal diseño de políticas educativas de inclusión, lo cual
deviene en escuelas que no cuentan con los medios necesarios para proveer una
educación de calidad considerando la amplia diversidad de alumnos que existen,
ante ello, someten al alumno a una educación diferenciada, aislados de la
“normalidad”, sin tener en cuenta que lo normal es que todos somos diferentes.
(Rieser, 2012)
2.2.1.
Dimensiones de la educación inclusiva
Booth
y Ainscow (2011) refieren que la educación inclusiva puede ser dimensionada de
la siguiente forma: a) Transformación de culturas inclusivas, esta dimensión
guarda relación con el hecho de crear una comunidad estudiantil que los
proteja, acoja, colabore en su formación y estimule hacia el logro de nuevos
desafíos, en donde este se sienta plenamente valorado, puesto que esta
comprobado que un alumno que se siente valorado cumple con las expectativas de
aprendizaje y obtiene mayores índices de logro. Asimismo, esta dimensión esta
referida a la importancia de desarrollar valores inclusivos, que puedan fomentarse
en todo el ámbito educativo y todos aquellos que forman parte de el. Los
principios que rigen esta cultura escoelar son aquellos que marcarán la pauta
en las decisiones que se materialicen mediante la implementación de las
políticas educativas, y que a su vez promuevan y fomenten un proceso sostenido,
innovador y en continuo desarrollo de la escuela, b) Implementación de
políticas inclusivas, esta dimensión busca garantizar que la inclusión sea el
eje de desarrollo de la escuela, asegurando la plena implementación de las
políticas educativas, con la finalidad de mejorar sustancialmente el proceso de
aprendizaje y participación de los estudiantes. Las políticas inclusivas son
consideradas como el sostén de todas aquellas acciones que incrementan la
eficiente respuesta de la escuela a la diversidad del alumnado. Todas estas
modalidades de apoyo están orientadas y enfocadas desde la perspectiva del
alumnado, más no a nivel escuela o unidades administrativas, c) Desarrollo de
prácticas inclusivas, esta dimensión se destaca debido a que estas prácticas
evidencian el nivel de cultura y las políticas inclusivas en la escuela. Esta
dimensión busca garantizar que las tareas que se desarrollen en el aula y fuera
de ella (actividades extracurriculares) fomenten la participación activa del
alumno, y de esta manera pongan en práctica las experiencias adquiridas fuera
del aula. Los métodos de enseñanza aunados a las políticas inclusivas “apoyos”
deben confluir para lograr optimizar el nivel de aprendizaje superando las
brechas existentes y fomentando un alto nivel de participación por toda la
comunidad escolar. Es menester del personal educativo movilizar los recursos
escolares y de las instituciones con la finalidad de alcanzar un mejor nivel de
aprendizaje con la participación de todos los alumnos sin excepción alguna.
3.
Método
Respecto
al método utilizado, se trató de datos secundarios, por medio de aportes de
otros investigadores, revisión de documentos y normativa relacionada al tópico
de estudio. Asimismo, se incluyen tratados internacionales que abordan
directamente el tema de inclusión en el sector educación, como constitutivo en
el campo de lo universal, libros en físico y digitales; además en la sección de
referencias se incluye el enlace de consulta de la bibliografía consultada. Se
enfocó la búsqueda en la política pública, la inclusión, las representaciones
sociales y la gestión educativa, recolectados y organizados mediante ficheros
bibliográficos electrónicos.
Como
criterios de exclusión se ha considerado a los documentos relacionados con el
índice de desarrollo inclusivo, ya que corresponden a un requisito económico,
más no político-educativo que hemos abordado en la presente investigación. En
los criterios de inclusión, se dio importancia a la legislación internacional
sobre la política de educación inclusión educativa, a los documentos que desde
la filosofía permiten constatar el proceso de inclusión en cada época y a las
investigaciones que permiten conceptualizar la inclusión más allá de la discapacidad.
4.
Resultados
La
normativa existente en torno a la inclusión pretende promover un verdadero
sentido de la educación inclusiva en la mayoría de países de latinoamerica,
puesto que se encuetran desarrolladas en base al respeto del derecho
fundamental a la educación y como un elemento que determina la calidad
educativa. Dicha tarea se encuentra en marcha, los países latinoamericanos han
dado importantes muestras de desarrollo en materia de educación inclusiva,
favoreciendo importantes aspectos para optimizar la inclusión en el ámbito
educativo, aspectos como: ampliando el acceso (universalización de la
educación), rediseño de currículos que permitan brindar una efectiva respuesta
ante la diversidad, mejorando sustancialmente los recursos materiales y ambientes
de clases, lo cual aunado a diversas iniciativas de formación docente en
materia educativa inclusiva, dan muestras de que se esta avanzando en ese
aspecto (Vessuri, 2016).
Si
bien es cierto, las políticas públicas son importantes, puesto que representan
las acciones gubernamentales para promover la educación inclusiva, la
responsabilidad mayor recae en las instituciones educativas que son los agentes
encargados de contestar con nuevos planteamientos y respuestas apropiadas que
permita confrontar los desafíos de la diversidad, desde el accionar de las
instituciones como de sus profesionales (Parrilla, 2002, como se citó en
Clavijo, 2020).
En
la actualidad, se evidencia un bajo nivel formativo en los docentes con
respecto a la adopción de prácticas inclusivas en el ámbito educativo,
implementación de estrategias que permitan incrementar el nivel de inclusión en
el proceso de enseñanza.
El
reto de los gobiernos es conseguir una educación inclusiva de calidad, para
todos y ante ello las instituciones educativas deberán estar en condiciones de
satisfacer la demanda social incorporándola en sus respectivas estructuras
académicas y currículos, de manera que los resultados sean de carácter
transversal y que tengan un alcance integral y no sesgado como se observa
mayoritariamente.
Finalmente,
las políticas públicas resultan ser instrumentos inútiles si estos no son
implementadas de manera eficiente y oportuna, a partir de acciones debidamente
articuladas con las demas instituciones involucradas en el ámbito educativo,
solo así se garantizará el éxito en su implementación y por ende los resultados
se reflejarán en un futuro mas promisorio para la niñez.
5.
Discusión y Conclusiones
Tratar
de comprender todo el camino que ha recorrido la política desde sus orígenes,
desde su paso por la filosofía y otras ciencias que convergen en ellla, permite
realizar una reflexión acerca del hombre social; a través de la historia se
observa un hombre que no puede liberarse del yugo del Estado y que se muestra
como una agente intrascendente frente a ser protegonista en cambios
significativos a nivel social. Es así que muchos de los actuales sistemas
educativos evidencian el nivel de involución que los seres humanos de hoy
presentamos, puesto que la inclusión es considerado como un concepto dirigido o
asociado al término discapacidad o muchas veces a un individuo “defectuoso” y
que representa un lastre para la sociedad, puesto que su aporte es nulo para
esta vertiginosa realidad social en la cual nos encontramos en estos tiempos. El
sector que más se asocia hoy en día al término inclusión es el secto salud,
puesto que consideran que la inclusión sólo esta asociada a una limitación
física, que debe ser identificada, para luego pasar a ser cautelada y escondida
para su rehabilitación.
Hoy
en día, el miedo a lo desconocido y a no sentirse parte de un grupo social
mayoritario origina una serie de tensiones frente a la diferencia, la cual
invade de forma negativa la atención a la diversidad. Las políticas públicas de
inclusión en cualquier ámbito se enfrenta a una enorme disyuntiva que ha
impactado en todos los niveles del sistema, por ello estas al momento de ser
diseñadas, deberán encontrarse debidamente alineadas con principios rectores
como es el caso de la democracia, corresponsabilidad, libertad, autonomía,
equidad y diversidad, con el objeto de apostar a un trato igualitario a todas
las personas en relación al ejercicio de sus derechos, políticas públicas que
reflejen el trato igualitario al momento de abordar las necesidades de cada una
de las personas, siendo el ámbito educativo uno de los más significativos en
nuestra sociedad, puesto que representa el aval de nuestro futuro como
sociedad; sin embargo en la realidad en la formulación de las políticas
públicas impera un carácter excluyente y poco empático frente a las necesidades
de los grupos sociales más vulnerables, prevaleciendo la atención de unos
pocos, anteponiéndose al beneficio general.
En
la gran mayoría de países de la región, la inclusión educativa paso de ser un
desafío a una verdadera utopía que ocasiona un alto nivel de desesperanza en la
población en relación a su sistema educativo, puesto que se esta limitando a
cumplir con ciertos indicadores que denotan acceso y permanencia, sin
considerar otros aspectos que son muy relevantes para el diseño de una política
educativa que incluya a todas las personas sin ningún tipo de condicionamiento
y/o limitación, promoviendo que los maestros desarrollen sus clases en base a
un currículo diseñado para todos sin excepción, en un aula en donde la
diversidad impera, ya sea por razones de raza, cultura, creencias, desarrollo
biosicosocial, motivaciones, estatus económico y demás asperctos que nos hacen
únicos como persona.
Si
bien es cierto, existen políticas públicas enfocadas a fortalecer la inclusión
en el ámbito educativo, estas no se encuentran debidamente alineadas con la
realidad de la sociedad en donde se pretenden implementar, puesto que no
consideran las verdaderas necesidades de estos sectores poblacionales y de esta
manera poder alcanzar la obtención de resultados significativos que permitan
reducir las brechas existentes en este ámbito. El aspecto social cumple un rol
fundamental en el éxito de las políticas públicas en materia de inclusión
educativa, puesto que sin el apoyo de la sociedad estas políticas sólo serían
letra muerta en relación a este aspecto, puesto que la inclusión aborda un
aspecto subjetivo de las personas, enfatizando en su lado más humano, aplicando
la empatía en todos sus niveles.
6.
Referencias
Andía,
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Financiamiento
de la investigación
Con recursos propios.
Declaración
de intereses
Declaro no
tener ningún conflicto
de intereses, que puedan
haber influido en los resultados obtenidos o las interpretaciones
propuestas.
Declaración
de consentimiento informado
El estudio
se realizó respetando
el Código de
ética y buenas prácticas editoriales de publicación.
Derechos de uso
Copyright© 2022 por Mary Diana Meitani
Murguía
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