Introducción
El 30 de septiembre de 2010 (30-S),
Ecuador fue testigo de un motín policial que, tras la detención por varias
horas del entonces presidente Rafael Correa, desembocó en un enfrentamiento
armado entre policías y militares que dejó algunas víctimas. Entre ellas, se
cuenta el cambio gubernamental en la formulación discursiva sobre lo público,
que se distanció de los planteamientos inclusivos -que llevaron al triunfo
electoral de Correa y a los postulados garantistas de la Constitución de Montecristi-,
dando paso a un discurso de exclusión que subordinaba lo público a lo estatal,
articulado a la legitimación plebiscitaria del proyecto oficial.
Este trabajo nace de las inquietudes
que para la teoría comunicacional suscitan las recurrentes modificaciones que sobre
la noción lo público dieron en la política comunicacional del gobierno de
Rafael Correa (2007-2017) y que se evidencian en los elementos centrales que
articularon el discurso oficial, factor privilegiado de construcción mediática
del ideario colectivo y de las formas de generación y legitimación de la
representación política.
La mayoría de análisis comunicacionales
contemporáneos coinciden -bajo diversas formulaciones- en que el campo de la
comunicación social de masas es un informador del proceso político, es decir
generador de formas de aprehensión de lo denotado, connotador de los hechos y,
finalmente, hecho que se agrega a la realidad. Sin embargo, aún es menester profundizar
en el análisis de la comunicación de masas como un actor de construcción de la
política, en sí mismo, de generación del hecho político; por lo tanto,
escenario de disputa por la acumulación de poder simbólico (Bourdieu y
Wacquant, 1995).
Si bien la palabra no basta para gestar
realidad, su vocación performativa -exponencialmente presente en el discurso
gubernamental- puede incidir en las formas de actuación política de los
sectores sociales organizados y, por lo tanto, en los canales de ejercicio
democrático. Por ello, las diferencias que sobre lo público emiten los
representantes del poder pueden ser objeto de análisis, en tanto se convierten
en expresión de las modificaciones en la relación del gobierno con el
movimiento social y, por ende, de los espacios de construcción de democracia.
El discurso oficial presupone el
reconocimiento de un sujeto de enunciación jerárquico, razón por la cual el mensaje
se construye desde su contenido discursivo, pero también desde la cualidad de
quien lo emite: un individuo, un colectivo organizado o una institución; en el
discurso enunciado por un representante del poder, surge de un emisor investido
de autoridad y, por ende, su relación con el receptor es inevitablemente jerárquica
(Noëlle-Neumann, 1995).
En la primera
fase del gobierno de Alianza PAIS, que tiene por hito temporal el 15 de enero
de 2007,[1]
fecha de la asunción la presidencia por Rafael Correa, se inició un proceso de
recuperación de la capacidad institucional del Estado, justificado como respuesta
a la inestabilidad de la representación política enfrentada por Ecuador en la
década que va desde 1996 hasta 2005. La aprobación de la Constitución de 2008
se enmarca en ese requerimiento colectivo y legitima socialmente una
legislación de fuerte orientación presidencialista a través de un discurso
gubernamental que refuerza la idea de que ese proceso de fortalecimiento
estatal lo es también de lo público y, por lo tanto, favorece la expresión
democrática de sectores populares tradicionalmente excluidos de las esferas de
decisión política.
La finalización
de esa fase tiene como referente el 30-S, fecha de la crisis política desatada
como consecuencia del motín de la Policía Nacional que catalizó un cambio en la
formulación discursiva del gobierno que optó por un distanciamiento de sus
planteamientos inclusivos, que llevaron a la instalación de la Asamblea de
Montecristi y a los postulados garantistas de la Constitución allí redactada,
para elevar la defensa del proyecto triunfante y su legitimación a través de
múltiples procesos electorales y plebiscitos ganados por el oficialismo.
Este ensayo se
enfoca en los elementos centrales que diferencian el del discurso oficial de la
primera fase del régimen correísta y el que se inaugura con el segundo mandato
de Correa (2019) reforzado a partir de los sucesos del 30-S, cuando se inició
un nuevo momento de transición centrado en defensa de los cambios realizados
por el gobierno y su esfuerzo de preservación ante una creciente oposición
política y movilización social.
Excede los
límites de este trabajo el análisis de las formas discursivas con que se
manifestaron las consecuencias del 30-S y que se extendieron hasta la de
derrota oficial en las elecciones seccionales de 2014, en el horizonte de
acción frente a la movilización social y activación de la oposición política
estimulada por decisiones gubernamentales y legislativas que encuentran un
punto de inflexión en las protestas populares de julio de 2015 y que concluyen
con la elección presidencial de Lenin Moreno en 2017, cuya pronta separación de
Rafael Correa demostró que se habían desgastado esa forma de gobernar y el
modelo de comunicación que la legitimaba.
En conjunto, esas tres fases de la
coyuntura política ecuatoriana en el decenio 2007-2017 se visibilizan como
tránsitos comunicacionales que involucran modificaciones en la forma como el
discurso gubernamental formuló la relación entre el Estado y los movimientos
sociales, lo que se manifestó también como una evolución de la
conceptualización de lo público, en tanto escenario de construcción de
representación política, así como en la lectura del oficialismo del significado
de las acciones y reacciones populares.
Criterios
metodológicos
El trabajo es de tipo descriptivo y se
enmarca en los criterios teóricos propuestos por la Comunicación Política, que
conjuga las herramientas de trabajo académico desarrolladas por la comunicación
social y la política, desde una propuesta interdisciplinaria. En ese nodo
epistémico se articula un conjunto de fenómenos comunicativos cuya
especificidad se ha denominado “comunicación de gobiernos” (Canel, 2006: 17). Con
los elementos del Análisis Crítico de Discurso (ACD) se identificaron los
elementos centrales del discurso presidencial y su proyección en la opinión
pública a partir de la agenda noticiosa de los massmedia (Van Dijk, 2003).
A partir de la pregunta: ¿cómo se
relaciona la evolución de la relación entre el gobierno y los movimientos
sociales con el discurso sobre lo público en Ecuador?, esta investigación toma
como referente los sucesos acaecidos el 30-S, evento que catalizó un proceso de
estatización del espacio de lo público en busca de la defensa y legitimación
del proyecto gubernamental de Rafael Correa. Se identifican los cambios
sufridos por la palabra oficial, en tanto factor de construcción de
representación política, así como la comprensión del oficialismo del
significado de las acciones y reacciones populares.
Si bien los fenómenos que vivió Ecuador
durante la presidencia de Rafael Correa (2007-2017) pueden ser comprendidos
como una especificidad, en la que se concreta un proceso que se desarrolló en
la América Latina con mucho mayor alcance y dinamismo, su análisis permite un
acercamiento a las formas con que el discurso estatal da cuenta de la evolución
del vínculo entre un gobierno y los movimientos sociales que pueden ser parte
su base social o -de manera pendular- un sector de oposición.
A partir de estos criterios, la
presente investigación busca responder a las siguientes preguntas:
-
¿En qué aspectos del
discurso oficial ecuatoriano se evidenció la comprensión oficial de lo público?
-
¿Cuáles fueron las
variaciones relevantes que sufrió el discurso gubernamental sobre lo público después
de los sucesos del 30 de septiembre de 2010 (30-S)?
-
¿En qué medida hubo correspondencia
entre las modificaciones del discurso y los cambios en la relación entre el
gobierno y el movimiento social?
El Estado como protagonista de lo
público
De lo dicho anteriormente se desprende
que el Estado es un protagonista privilegiado de lo público, al punto en que
las propiedades estatales suelen llamarse bienes públicos y que la gestión
estatal se supone sinónimo de “la cosa pública”.
Este ensayo parte, como criterio marco,
de la no existencia de una teoría general del Estado; coexisten distintas
teorías que se aproximan al Estado desde comprensiones diversas de su
naturaleza, en un determinado contexto histórico y en torno a relaciones
específicas con la economía, la sociedad y las clases sociales, que se expresan
de manera privilegiada en el campo político y, por lo tanto, también en sus
formulaciones discursivas (Nicholls, 2015).
Las relaciones del Estado con la
sociedad existen como formas centralizadas y descentralizadas del ejercicio del
poder, las que son inmanentes al Estado y también externas a él. Por eso, la
acción o inacción estatal pueden analizarse, a partir de un enfoque de
gobernabilidad, como formas de expresión de la gubernamentalidad que se ocupa
también de las narrativas y discurso-prácticas que coadyuvan a constituir el
Estado y los regímenes gubernamentales.
El Estado articula procesos de dominio
y de dominación que se concretan en formas específicas de disposición de las
cosas y de locación de recursos. La complejización que evidencia el Estado
contemporáneo orienta un ejercicio creciente de poder prerrogativo, donde los
dispositivos a distancia demandan de su previa internalización en los sujetos
sociales -concebidos como portadores de intereses colectivos- y, por lo tanto,
de la aceptación social de las estructuras de subordinación y procesos de
dominación constituidos (Foucault, 2006).
En ese núcleo de tensión del poder de
Estado y de co-construcción de imágenes y prácticas se ubican la ideología y
los aparatos ideológicos, observables como efectos en la organización de
poblaciones a las que la institucionalidad burocrática estandariza. La práctica
discursiva produce lo visible en el entorno de las relaciones de poder, la
visibilización de los procesos de dominio constituye, en sí mismo, un efecto de
dominación, un dispositivo de ascendiente mutuo entre el Estado y la sociedad;
pero considerando que es, además, un dispositivo de efectos contradictorios
El Estado ecuatoriano presidido por
Rafael Correa se enmarcó en las características que definen a un Estado de
transición por la modificación de la estructura estatal y de la legislación que
lo orientaron, bien puede inscribirse en lo que algunos autores llaman
neoinstitucionalismo tipificado por el despliegue y fortalecimiento de las
instituciones estatales, cuya eficiencia y eficacia se sustenta en un fuerte
incremento de la burocracia, la centralización de la información ciudadana
gracias a una avanzada tecnología, el mayor control político y económico del
territorio, así como la multiplicación de normativas que obligan a empresas y
organizaciones privadas a subordinarse a la política gubernamental como eje
monopólico (Estrada Álvarez, 2010).
En estas condiciones, la organización
de lo público adquiere renovada importancia para el Estado, ya que es en este
ámbito donde la construcción de identidades genera colectivos e incorpora
actores capaces de legitimar y proporcionar una base social al proyecto
político de la fracción hegemónica del poder. Simultáneamente, la modificación de
lo público que, desde la acción oficial, busca ampliarse para el discurso del
representante del poder y reducirse para la diversidad social, establece el
límite para el distinto, para el antagonista que termina siendo identificado
como el enemigo.
No obstante, la conflictividad social
sigue encontrando en la esfera de lo público el espacio para incidir en la
relación entre el Estado y las organizaciones sociales, las aproximaciones
entre las clases y al interior de ellas, alude a la tensión y negociación que
somete a una presión permanente las decisiones del gobierno y su capacidad de
legitimarse y legitimarlas más allá de los escenarios propios de la
institucionalidad, en procesos de construcción de nuevos territorios para lo
público y con ello de reformulación del ejercicio democrático.
Acercamiento al concepto de lo público
Por sus dimensiones, este artículo no se
propone una revisión detallada o, menos aún, un estado del arte de las
propuestas que en el ámbito teórico se han trabajado alrededor de la evolución
de categorías como: lo público, la esfera pública, lo público político, el
espacio público, la opinión pública, etc.[2] Con el espíritu de
construcción de una “caja de herramientas” y no de un marco teórico, me limito
a identificar algunas formulaciones conceptuales cuya relevancia permiten
avanzar en el examen de los elementos relevantes del discurso oficial sobre lo
público y explicar su variación en coyunturas políticas determinadas.
Asumo como punto partida la reflexión
de Habermas que, a partir de la formulación de la "esfera de lo
público", orienta la comprensión de lo público como un espacio de encuentro
entre el Estado y los distintos sectores sociales, que genera un campo de la
vida social en el que se forma la llamada opinión pública. Esta ingresa en el
ámbito de lo político en tanto contribuye a la legitimación de las decisiones
tomadas por el poder, formulados como respuesta al requerimiento común de la
sociedad (Habermas, 1994).
Este concepto permite diferenciar lo
público político, del público o de la opinión pública y:
…visualizar dónde se generan procesos
como la participación y la comunicación política, que a su vez alimentan la
política institucionalizada en el Estado a través de la formación de la
‘voluntad política’. Estos procesos de construcción de lo público permiten
estructurar la democracia moderna como la conocemos (Navas Alvear, 2012: 57).
Siguiendo esta reflexión, se puede
asumir que lo público político se estructura como un espacio de mediación entre
el Estado y la sociedad civil (Habermas, 1998), lo que haría posible la
construcción de democracia en tanto interés general. En cambio, la comunicación
de masas, instrumento de identidad del colectivo ciudadano, se manifiesta como
opinión pública, es decir, como la opinión del colectivo que deviene voluntad
común capaz de legitimar el sistema de representación política y a su Estado.
Esta formulación se soporta en el
planteamiento habermasiano de la acción comunicativa conceptualizada como
encuentros, en el sentido de mecanismos para el manejo del conflicto y su
institucionalización o asimilación por el Estado. De acuerdo con Habermas, las
organizaciones civiles pueden ejercer un rol ofensivo al presionar sobre los
poderes estatales, al tiempo que ejercen un rol defensivo para construir sus
propios espacios de identidad a través de la formulación de discursos
diferenciadores. En este contexto, el discurso se comprende como una reflexión
que, siendo inicialmente monológica, transita hacia una argumentación dialógica
a partir de una universalización conceptual que integra a los participantes en
una práctica conjunta orientada a la búsqueda de razones, influencias mutuas y
motivación de respuestas (Habermas, 2003).
En este marco, la propuesta
comunicacional de Martín-Barbero (2001) permite profundizar en la comprensión
de lo público que, en tanto esfera atravesada por relaciones de poder en la
construcción de relaciones sociales, es también escenario de tensión entre el
Estado y el movimiento social, donde las relaciones de poder se proyectan como
procesos de significación y resignificación de los procesos sociales y, por
ende, de construcción o deconstrucción de democracia. Entonces, asumimos que la
esfera pública mediática es, sobre todo, “aquella de lo visible”
(Martín-Barbero, 2001), lo que explicaría la cercanía del concepto de lo
público con: lo publicado, el público, la opinión pública, el espacio público;
y, dando un paso más, con los sentidos compartidos, las identidades y,
finalmente, la ciudadanía.
Lo público político en el discurso de Rafael Correa
El discurso incluyente de Montecristi:
La Patria ya es de todos
Desde el 2007,
con el gobierno de PAIS -siglas del movimiento político Patria Altiva y
Soberana, liderado por Rafael Correa- se inicia un proceso de recuperación de
la capacidad del Estado, al que el discurso oficial justificó como respuesta a
la inestabilidad de la representación política vivida entre 1996 y 2005. En ese
contexto se comprende la percepción de que “Alianza País rescató la visión del
Estado como sentido de lo público y lo situó en el interior de un proceso
político en el cual la recuperación de lo público implicaba la reformulación
del poder. Esa reformulación del sentido de lo público tenía un destino
preciso: recuperar el Estado como gobierno y, por supuesto, detrás del gobierno
estaba la sombra Alianza País”. De esta manera, “se producía una vinculación
simbiótica entre el liderazgo y el proyecto político e recuperación del Estado”
(Dávalos, 2014: 36-37).
En ese contexto, el procesamiento de la
tensión que el espacio de lo público ofrece a la relación entre Estado y
movimiento social se redujo a la oposición entre la derecha tradicional
reconocida por PAIS y el gobierno y su base social “popular” y “revolucionaria”.
En la esfera de lo público se confirma la elección de un enemigo conveniente,
el previamente derrotado, el previamente deslegitimado, el históricamente
superado que -de acuerdo con el discurso oficial- es el único realmente
excluido de la política gubernamental.
Asimilar el interés popular al proyecto
gubernamental permite declarar como interés particular a la diversidad de
organizaciones y demandas sociales. Así, se sentaron las bases para hacer de lo
público un espacio de expresión hegemónicamente controlado por la
representación coyuntural del poder. El adepto estaba obligado a dar muestras
de su fe, el fanatismo se convierte en carta de ciudadanía o de contratación
pública.
En esta resignificación de la esfera de
lo público, la recuperación estatal planteada para la política externa se
proyecta de manera complementaria en una política internacional declarada como
de relaciones soberanas. La adhesión a la Alianza Bolivariana para los Pueblos
de Nuestra América (ALBA), la ruptura de relaciones con Colombia a raíz del
bombardeo en Angostura, el impasse con la embajadora de Estados Unidos, Heather
Hodges, a propósito de las publicaciones de Wikileaks,
el asilo diplomático concedido a Julian Assange son parte de la construcción de
la imagen de un Estado soberano.
De esta manera, el discurso de gobierno
de PAIS sobre la esfera de lo público político logra incorporarse, allende las
fronteras ecuatorianas, a un nuevo imaginario regional donde la identidad de
los pueblos latinoamericanos se traduce en una propuesta política de Estados
nacionales autónomos con posiciones soberanas frente al imperio, solidaridad
entre gobiernos con discursos ideológicos aparentemente semejantes y acción
conjunta contra las oposiciones políticas que al interior de cada país pueden
enfrentar los triunfadores de múltiples procesos electorales.
La recuperación del Estado que solo se
dio como fortalecimiento del aparato estatal, es decir, de su capacidad de
control y monopolio de la violencia legítima. Eso trajo consigo un desplazamiento
semiótico: si el proyecto político planteaba recuperar el Estado, y el Estado
es lo público, su recuperación se ata como propiedad del proyecto político; por
lo tanto, es obligación del Estado dar soporte al proyecto triunfante. Es
decir, la decisión gubernamental legitima por sí misma la política adoptada, ya
que esta refleja lo público. Finalmente, se creó un círculo sofista.
El garantismo que alienta a la
Constitución de 2008 en su parte dogmática, simultáneamente orienta un
institucionalismo basado en el control del aparato estatal por parte del
Ejecutivo. Al declararlo único responsable del cumplimiento de derechos
individuales y colectivos convierte al Estado en benefactor cuya política,
normativa y -sobre todo- presupuesto se entregan como dádivas a individuos,
comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos que ya no requieren una
organización propia.
Con esa lógica, “El Estado aparece como
garante y responsable de la realización de derechos; al hacerlo, modifica el
sentido que la Constitución tiene frente al proceso político: ésta abandona su
función de estructura de protección de la sociedad y pasa a convertirse en
instrumento del poder político para la realización de los derechos” (Echeverría,
2015: 135). Así, se decantó el sentido que de lo público tiene un gobierno que,
nacido de una tradición democrática, se fortaleció en los senderos del
populismo para acabar demostrando una vocación autoritaria. No es un
descubrimiento, la literatura redescubre lo que historia exige recordar: “el
pueblo tiene siempre algún campeón, a quien enaltece por encima de todo… Esta y
no otra es la raíz de la que nace un tirano, que al principio es un protector”
(Bradbury, 2013: 195). El Estado vigila, el vigilante protege, la protección es
control; la persona controlada es un individuo protegido del enemigo y,
finalmente también de sí misma; el Estado se encarga de resguardarle de su
propia maldad.
Esa capacidad de la administración
estatal obliga al fortalecimiento de la burocracia y al predominio del
Ejecutivo sobre las otras funciones del Estado, en un proceso que -como se
manifestara antes - puede describirse como neoinstitucionalismo (Estrada, 2010).
La experiencia histórica enseña que inclusive las revoluciones sociales más profundas, una vez se ha organizado el Estado requerido, ingresan en un momento conservador; más aún procesos que, inicialmente anclados en movilizaciones populares, se reducen a remozar la representación política de un poder cuya hegemonía permanece incuestionada. En este segundo caso, los mecanismos de legitimación pueden pasar rápidamente de la fase de inclusión del movimiento social a la de consolidación institucional.
En el caso de Ecuador, la aprobación de
la Constitución de Montecristi cumplió con el rol de un rito de tránsito.
Facultó la primera reelección de Correa y con ello la consagración de su
liderazgo que, en ese momento, aún se investía con la inercia de la inclusión
manifiesta en la consigna oficial “La Patria ya es de todos”.
El discurso excluyente del
30-S: conmigo o contra mí
El 10 de agosto de 2009, Rafael Correa reasumió
la presidencia tras el triunfo electoral de abril del mismo año, con el 52% de
la votación. En ese período el discurso oficial presenta un notable
desplazamiento desde la posición inclusiva que condujera la primera campaña
electoral, en la que primó el reconocimiento de múltiples intereses que encontraban
en PAIS un espacio para una alianza de diversos, a un momento en que el nuevo
movimiento y su líder concentran en sí mismos la diversidad legítima. Este
ajuste se canaliza desde el objetivo de “profundizar la Revolución Ciudadana” a
través de reformas legales que debían ser aprobadas por la Asamblea Nacional en
un momento en el cual PAIS había perdido peso en la función legislativa. Así,
… en los meses previos a la “explosión”
del 30-S, y de modo paralelo a la aprobación sumaria y autoritaria del paquete
de leyes y reglas neoconservadoras, la resistencia extraparlamentaria venía
cobrando vitalidad, no obstante el carácter fragmentado de la misma, lo que suponía
que “literalmente” la política descendía/ascendía a las calles (Báez, 2010: 20).
En ese contexto, la aprobación de la
Ley Orgánica de Servicio Público, que conculcaba derechos adquiridos del
personal de la Policía y de las Fuerzas Armadas fue el detonante del motín
policial del 30-S. Pero, lo que pudo haberse limitado a un reclamo gremial -atípico
por sus protagonistas- devino" en crisis política de complejas
consecuencias porque “El líder carismático no se siente atado a reglas o
instituciones y personaliza al Estado. Cuando estalló una crisis Correa se
sintió llamado a personalmente resolverla pues él encarna a la nación y al
Estado” (De la Torre, 2013: 48).
Desconociendo los canales
institucionales y sintiéndose como el llamado a resolver cualquier tipo de
conflicto, el presidente decidió ir en persona al cuartel de policía para explicar
los beneficios de la nueva ley a la atropa. Acostumbrado a la aclamación
plebiscitaria confió en que su carisma los calmaría, pero el cálculo le salió
mal. […]
Desde un balcón del edificio de la
policía intentó dar un discurso con argumentos técnicos sobre las virtudes de
la ley pero fue abucheado. Perdió la paciencia y abriéndose la camisa para
demostrar que no llevaba chaleco antibalas les retó, “si quieren matar al
presidente, aquí está. Mátenlo si tienen valor”. Su cuestionamiento a la masculinidad
de la policía los indignó aún más y cuando el presidente salió fue atacado (De
la Torre, 2013: 47).
Correa denunció al país y al mundo que
fue secuestrado por un grupo de policías insurrectos. En horas de la tarde fue
“rescatado” manu militari por un
grupo de efectivos del ejército de las instalaciones del Hospital de la
Policía. Durante ese lapso, el presidente recibió la visita de sus
colaboradores, tomó decisiones y firmó decretos, uno de ellos fue la
declaratoria del estado de excepción que permitió que, desde las 14 horas, el
país solo pudiera conocer la información proveniente de los medios oficiales.
A partir de ese momento se impuso el
libreto del golpe de Estado -negado en las horas anteriores por los mismos
voceros gubernamentales- como lectura obligada por el comunicador único. La
monosemia social solo era posible a condición de garantizar que la información
que se divulgaba fuera una sola. La cadena nacional controló lo que los mass-media difundían y simultáneamente
se justificaba señalando que los medios de comunicación privados no eran
confiables porque auspiciaban el golpe. Paradójicamente, la más elemental
lógica comunicacional indica que los medios no hubieran acataron la transmisión
de la cadena si hubiese estado en marcha un golpe de Estado.
Esas decisiones hicieron de la voz del presidente
retenido la única autorizada y, su comprensión del hecho, el único argumento
político aceptable y “teóricamente” sustentado, como señaló Rafael Correa en
entrevista con Ignacio Ramonet:
Resulta que no sólo yo, sino lo propios
países de Iberoamérica quienes han declarado, en la última cumbre de Mar del
Plata, su rechazo al ‘golpe de Estado del 30 de septiembre en Ecuador’ porque
de eso no hay ninguna duda. Sólo un ciego podría negarlo. Quien lo duda es esa
prensa corrupta que no busca la verdad; busca hacerle daño al Gobierno. Si
nosotros decimos blanco, ellos tienen que decir negro, sólo para desgastar al
Gobierno. Pero en todo caso, en base simplemente a la sociología política
latinoamericana, dada la historia de América Latina, un motín de una fuerza
armada ya se considera Golpe de Estado (Tercera, 2011, 5 de enero).
Paulatinamente, la moral sancionadora
que el discurso oficial prohíja se torna mandatoria para todas las
instituciones estatales con el argumento de proteger al proyecto político
reconocido en las urnas, legítimo de manera exclusiva y excluyente. Si la moral
es única y la verdad se adscribe a esa moralidad, lo que queda fuera es
fácilmente expuesto como mentira y corrupción, autorizando el empleo de la
fuerza estatal para su represión y, eventualmente, para su aniquilación.
Quien se opone al gobierno es criminal
y esto abarca desde el intento de “golpe de Estado” y “intento de magnicidio”
organizado a posteriori del 30 de
septiembre de 2010, hasta a la oposición a que se explote petróleo en la zona
de altísima biodiversidad que constituye el Yasuní, pasando por el asedio a
periodistas, medios de comunicación y opositores políticos.
El mejor ejemplo de esta lógica
excluyente es el manejo informativo que el gobierno desarrolló durante los
siguientes siete años sobre los sucesos del 30-S. En el tercer aniversario del
“golpe”, “Galo Mora, secretario ejecutivo de Alianza País, dijo que para lo
ocurrido el 30-S no puede haber un ‘manto de sombra y de olvido’, ‘eso no es
posible’, instó a combatir la impunidad” (Ecuavisa, 2013, 30 de septiembre).
No se investigó el proceso, se buscó y
se sigue buscando a los culpables de un delito previamente determinado como
tal. No hizo falta el dictamen judicial, por televisión se difundieron carteles
de “se busca” a los participantes en el 30-S, son criminales de un hecho
político, su culpabilidad esta preestablecida. La Comisión de investigación del
30-S, se creó por Decreto Ejecutivo para buscar a los culpables de
"intento de magnicidio en el contexto de un fallido golpe de Estado".
La persecución inquisitorial estaba servida:
La comisión gubernamental que investiga
los hechos del 30 de septiembre del 2010 señaló que algunos actores políticos
participaron en la presunta conspiración y golpe de Estado de ese día. (…) Los
comisionados solicitaron a los ciudadanos que colaboren identificando a los
civiles, policías y actores políticos que participaron en los hechos. En la
última categoría incluyeron a dirigentes de Sociedad Patriótica (SP),
Movimiento Popular Democrático (MPD) y otras agrupaciones políticas que, según
los miembros de la comisión, instigaron a la rebelión, al golpe de Estado y al
magnicidio. Anunciaron que en los próximos días difundirán unas imágenes para
que las personas interesadas revelen la identidad de ciertos participantes” (El
Universo, 2013, 1 de octubre).
En los años siguientes, la Fiscalía
tramitó cerca de un centenar de denuncias, dio paso a juicios y obtuvo
sentencias para más de 250 acusados de: asesinato, atentado contra la seguridad
del Estado, incitación a la rebelión, insubordinación, plagio, tentativa de
magnicidio, sedición, etc.; a lo que se suman las bajas de cientos de policías
y militares que participaron en los hechos del 30-S (Tibán, 2018: 73). Gracias
a la acción judicial, “el presidente Correa se victimizó y mandó a la cárcel a
todo aquel que parezca en el escenario del 30S, involucrándonos como ‘autor,
cómplice o encubridor’ del delito, no solo de magnicidio sino de regicidio”
(71).
El caso más emblemático fue el juicio
seguido a periodista Emilio Palacio, editor de opinión de El Universo, por
publicar un artículo titulado “No a las mentiras”, donde pedía ser informara
quién había dado la orden de disparar al Hospital de la Policía para proteger
la salida del presidente.[3]
Ecuador post 30-S. No pasarán
El motín policial y su derrota fue un
argumento que justificó socialmente la política de radicalización del régimen
de PAIS. Los obstáculos que la voluntad presidencial había encontrado en la
Asamblea Nacional elegida en 2009 podían superarse gracias al incremento de la
popularidad de Correa, producto de la victimización a la que recurrió la
propaganda oficial, que auspiciaba un triunfo fácil en la Consulta Popular de
2011 y, con él, del control gubernamental sobre la comunicación social y la
administración de justicia.
Sin embargo, pese a los esfuerzos de la
propaganda oficial, en esos dos temas centrales para el proyecto gubernamental,
“los resultados obtenidos no tuvieron la contundencia que el gobierno esperaba.
Esto condujo al régimen a cerrarse sobre sí mismo, y a exacerbar la
polarización política, persiguiendo a comunicadores y líderes sociales, a los
que se los acusó de conspiradores” (Echeverría, 2015: 145). En síntesis, “la
convocatoria a la consulta popular significó ingresar con fuerza en la lógica
plebiscitaria para forzar la salida hacia la consolidación de un modelo aún más
cerrado de articulación del poder en torno al hiperpresidencialismo” (144-145).
Esta tendencia se profundizó en la campaña a
la reelección de 2013, donde la aprobación ciudadana a los cambios planteados a
consulta popular fue utilizada por Correa para enfatizar en “la necesidad de
continuar manejando el Estado, no por intereses personales, sino para continuar
profundizando su labor social, cambiando las estructuras injustas del país”
(Agencia Andes, 2012, 12 de noviembre).
Al interior de PAIS -base política del caudillo- también se exigió reafirmar lealtades, ya que solo podía permanecer que lo fuera políticamente admisible, lo que se aceptaba como interés público. Lo que quedada fuera eran los derrotados, quienes carecían de destino político y a quienes la votación popular ya había sancionado con el fracaso electoral.
“Ecuador ya cambió”, “no vamos a volver al pasado” y “son los mismos de siempre”, repetía permanentemente la propaganda oficial. En ese pasado quedaban las organizaciones sociales, los indígenas, los obreros. La Patria que avanzaba al paso marcado por Rafael Correa exigía la negación de esos intereses -supuestamente ya superados por la nueva era- por lo tanto era lógico que la política gubernamental promueva la disolución de organizaciones a que no se reconoce un interés legítimo, razón por la cual no debían seguir siendo parte de la esfera de lo público político en el momento revolucionario.
La construcción maniquea del binomio mentira-verdad presupone en la comunicación colectiva un ejercicio moral, por lo tanto, ingresa en el fuero interno del individuo y el Estado puede y debe evitar que el pensamiento disidente se materialice. Como lo señalara Rafael Correa en el discurso de posesión de 2013, “No permitiremos que el derecho a la resistencia, consagrado en nuestra Constitución, se convierta en patente de corso para que los grupos perdedores de las elecciones impongan sus agendas a la fuerza”.
La Ley de Comunicación, aprobada en junio de 2013, apuntaló el marco legal necesario para controlar lo que de la comunicación demanda la construcción de lo público orientado por la visión de un gobierno convertido en supremo comunicador. De esta manera se cerró un círculo sofista: si lo público es lo estatal, el interés público es el interés del Estado y su representante lo es del público. Esto lo expresa con mayor claridad Catalina Botero, relatora para la Libertad de Expresión de la CIDH, que analizando la situación de Ecuador señalaba: “en ese país, todos los medios de comunicación, escritos, digitales, de radio o televisión, están expresamente obligados a publicar toda la información que el Gobierno considere que es de interés público y, al mismo tiempo, pueden ser sancionados por publicar información que el Gobierno considere irrelevante” (El Universo, 2014, 26 de julio de 2014).
En palabras del entonces presidente
Correa, eso se justificaba porque:
…la información tiene que tener una
adecuada regulación, pues una mala información podría colapsar la sociedad. ‘La
comunicación como un bien público no implica nada más de lo que ya hemos venido
haciendo: regular la actividad de la comunicación porque de ella depende la
cohesión social y no implica la pérdida de ninguna libertad como señalan
algunos medios mercantilistas, pero sí implica la responsabilidad de rectificar
si alguna información no es verídica’ (Agencia Andes, 2014, 14 de julio).
Finalmente, el discurso oficial ratificó
que el mayor culpable eran los medios de comunicación colectiva, ya que la
prensa “se convirtió en un mastín que acorrala al poder político e incluso a
los propios ciudadanos, en defensa de sus intereses mercantiles, de clase y
políticos”. Con esta lógica, según el mandatario, los periodistas:
…no informan sobre conflictos: los
buscan los inducen, los crean, los anhelan, para vender más periódicos y, en el
caso de gobiernos insumisos, como el nuestro, para sojuzgarlos. Esto es
irresponsable en cualquier sociedad, pero más aún en las frágiles democracias
latinoamericanas. Recuerden el 30S, prohibido olvidar, revisen quiénes lo propiciaron
con sus noticias falsas (Correa, 2013).
En los años posteriores Correa reforzó
esa noción hasta convertirla en referencia general para la población: “el 30-S fue provocado por una campaña de desinformación”,
sostuvo el líder triunfante, para añadir: “Pero ¿quiénes fueron los que
hicieron esa campaña de desinformación?, se preguntó el mandatario, ¿dónde
están? Son las preguntas que deberían responderse, pero cierta prensa hace
mutis por el foro”. Como cierre dramático conminó: "Saben que sus
micrófonos y tinteros hicieron correr sangre inocente" (Ecuador inmediato,
2015, 20 de enero). En síntesis, parece ser que las muertes del 30-S no fueron
producto de las balas disparadas; la pluma periodística fue la asesina.
Las elecciones
de 2014, la primera derrota de Alianza PAIS
Más de un analista se ha preguntado si la política populista tiene
posibilidades de desarrollarse en condiciones de crisis económica o, cuando
menos, de reducción de ingresos fiscales que obliga a una merma de tácticas
clientelares. Eso puede debilitar la base social del proyecto, al mismo tiempo que,
dada la necesidad de elevar la extracción de recursos de otros grupos sociales,
elevar la resistencia al gobierno.
Un proyecto político de corte populista requiere garantizar los recursos
materiales necesarios para fortalecer la base clientelar que sostiene su
votación y el discurso oficial lo justifica desde la moral: favorecer a los más
pobres y castigar a los más ricos”. Como dijo Rafael Correa (2013) en el acto
de posesión de su tercera presidencia: “Para nosotros, este es el
cambio más importante en estos seis años: la Patria ya es de todos y sobre todo
de los más pobres”.
Estas palabras se pronunciaron en mayo de 2013, cuando Ecuador vivía una
etapa de altos ingresos para el fisco, lo que entró en crisis los años
siguientes. La caída internacional del precio del petróleo incidió en que la legitimación
plebiscitaria, que acompañara al gobierno de PAIS durante los dos primeros
mandatos de Correa, exhibiera un quiebre social, lo que condujo a la pérdida
del espacio electoral sufrida por el gobierno en la renovación de autoridades
seccionales de febrero de 2014.
El primer revés electoral de PAIS marcó
un nuevo punto de inflexión en los espacios de construcción de lo público, el
segundo luego de las restricciones ya impuestas a raíz del 30S. Aunque el distanciamiento
con las organizaciones indígenas se había incrementado en estos años, fue la
acción de grupos de clase media urbana la que devela la inconsistencia en la
propuesta garantista de la Constitución de Montecristi y la renuncia de PAIS a
postulados iniciales que le otorgaron la confianza de amplios sectores
sociales.
Lo dicho explica que Quito y Cuenca se
convirtieran en los escenarios principales de rechazo a los candidatos
oficiales en un proceso al que el caudillo calificara como “negros nubarrones”
que oscurecían su hasta entonces incuestionado ascenso y que amenazaban con debilitar
la cohesión del propio movimiento gobernante. Para recuperar a sus bases,
Correa llegó al maniqueísmo frontal: “San Ignacio decía: ‘en una fortaleza
asediada, toda disidencia es traición’. Cualquier diferencia entre nosotros la
trataremos al día siguiente de la victoria. Quito debe seguir siendo la capital
de la Revolución Ciudadana” (Ecuador en vivo, 2014, 12 de febrero).
Esta depuración no se redujo al bando
contrario, al interior de las filas de PAIS -en momento de zozobra- se exigió
elevar las demostraciones de lealtad al líder, para lo cual se convocó a la
cuarta convención del movimiento gobernante bajo la consigna “reformarnos o
morir”. En lo sustancial la reforma consistió en deponer a Galo Mora y posesionar
a Vinicio Alvarado, miembro del grupo íntimo del presidente. (Ecuador en vivo,
2014, 1 de mayo). La etapa de exclusión en la construcción de lo público político
se había institucionalizado reafirmando que -según las oportunas palabras de
Doris Soliz, dirigente de PAIS- “alguien que es de izquierda o socialista no puede estar en contra de la
revolución ciudadana” (Telerama, 2015, 17 de junio).
La represión
estatal que siguió era previsible, baste señalar algunos ejemplos. Estados de
excepción como el impuesto los pobladores de Íntag por oponerse al ingreso de
la gran minería en ese territorio (Teleamazonas, 2014, 20 de mayo). Autorización
a la policía para ingresar a los colegios con el argumento de combatir el
microtráfico de drogas (Ecuador en vivo, 2014, 15 de julio). Separación de sus
planteles a estudiantes de colegios de Quito por “destruir propiedad privada”
durante las manifestaciones populares. Enjuiciamiento a dirigentes sindicales
acusados de rebelión (Ecuador inmediato, 2014, 18 de julio). Apresamiento a un
estudiante secundario por hacer señales obscenas a “su superior” durante una
marcha del oficialismo (Ecuador en vivo, 2015, 9 de mayo). Represión a los
dirigentes indígenas, cuestionamiento a la dirección gremial, creación de una
“Central Única de Trabajadores” gobiernista sustentada por trabajadores
autónomos (El Comercio, 2014, 15 de noviembre), etc. etc. etc.
El temor del
gobierno llegó a asumir forma legal tanto en la señalización de lo que debía
criminalizarse como en la represión llamada a combatirlo. En mayo de 2014, la
Asamblea Nacional aprobó el “proyecto de reformas a la Ley de
Seguridad Pública y del Estado, según el cual las Fuerzas Armadas, con el
fin de precautelar la protección interna, el mantenimiento y el control del
orden público en la seguridad ciudadana, podrán apoyar de forma complementaria
las operaciones que en esta materia competen a la Policía Nacional” (El
Telégrafo, 2014, 15 de mayo). Poco después, con la aprobación del nuevo Código
Penal, que entró
en vigencia en agosto de 2014, se aceptó al Estado como un sujeto de derechos,
garantizando su seguridad por sobre la del ciudadano.
El resultado electoral del 23 de
febrero dejó otra lección no menos importante. PAIS confirmó lo que las fuerzas
políticas de Ecuador ya sospechaban, esto es la inexistencia de una dirección
colectiva en el movimiento de gobierno y la proyección exclusiva del caudillo
como único líder constituido. Por lo tanto, su permanencia era factor sine qua non para garantizar la continuidad
del proyecto político y eso llevó a que propusiera la reelección indefinida,
proyecto que no prosperó y obligó a Correa a auspiciar al binomio Lenin Moreno-Jorge
Glas en las elecciones de 2017.
Conclusiones
Hablar de
la democracia y callar al pueblo es una farsa.
Hablar de humanismo y negar a los
hombres es una mentira.
Ovidio
“Sé bien que yo ya no soy yo, soy todo
un pueblo”
Apostar al apoyo
del público puede entenderse -entre otras cosas- como propiciar el espacio para
la expresión de lo público político. Esa fue la apuesta de PAIS que le condujo
al triunfo electoral del año 2006 y, en ese contexto, la victoria de Correa
precisó de un discurso de negación de la institucionalidad socialmente
cuestionada, de una Constitución cuyas limitaciones hacían necesaria su
modificación y de un sistema de partidos que había demostrado su ineficiencia. El
nuevo movimiento se negó a ser parte de las elecciones parlamentarias
denunciando a esas estructuras como excluyentes de la diversidad de sectores e
intereses que conforman el Ecuador.
Para las
elecciones de 2014 se evidencia la consolidación de un proceso inverso. Se
impone la exclusión de los distintos a la orientación oficialista y, con ello,
el tránsito del discurso del candidato democrático al del representante del
poder que se reclama a sí mismo como único portavoz de lo legítimo. El grupo
que se presentó como outsider en
2006, una vez rediseñada y controlada la institucionalidad ecuatoriana -parte
de lo cual es el manejo “partidario” de la mayoría parlamentaria- descubrió que
es innecesario abrir escenarios comunes, que la consulta al pueblo es inútil y
que, una vez que el interés gubernamental ha copado el espacio de lo público,
este debe cerrarse para los distintos.
El Estado, al representar a la nación,
puede unificar al colectivo y excluir al distinto siempre individualizado. La
exclusión es una muerte metafórica. En ese contexto, el discurso oficial tiende
al maniqueísmo y mira en el concepto de lo público un sinónimo de Estado que, a
su vez, es equivalente a gobierno identificado con proyecto político triunfante
y, finalmente, con su representante, el presidente como sinónimo de líder. Esta
formulación sofística lleva a presentar la palabra del caudillo identificada
con la formulación del interés general y, con ello, de lo público. De allí que
Correa haya asumido su triunfo electoral como la confirmación de que “La Patria
ha vuelto” y su gobierno demuestre que “La Patria ya es de todos”. El que no se
siente representado por esa patria -por
ese representante- simplemente es anti-patria, no es patriota, es enemigo.
Eso generó un nuevo momento en el
escenario político: el proyecto que ha triunfado en las urnas solo puede
concretarse desde la conducción del presidente electo. El líder se torna tal
por su condición personal y -gracias a nueva carambola semántica- su
legitimidad excede el proceso eleccionario; la representación lo es del
individuo, éste no es sustituible, la eternidad le espera.
El discurso que identifica al caudillo
con la Patria lleva a que todo cuestionamiento a su acción o su legitimidad
pueda leerse como un atentado contra la democracia misma, con lo cual se
sientan las bases para el tránsito a un gobierno autoritario sustentado en un
control personalizado del aparato estatal. En ese contexto se asumía como
normal que “los juicios derivados de la protesta del 30-S fueron manipulados
desde una oficina externa de la Presidencia de la República, que funcionaba en
el norte de Quito” o que se contemplara la “Utilización de fondos públicos para
los festejos y gastos relacionados con la conmemoración del 30-S por la
Presidencia de la República y entidades relacionadas”, como se evidenció en el
juicio seguido a Correa y sus funcionarios más allegados procesadas en el “caso
Sobornos” entre 2019 y 2020 (La Hora, 2019, 8 de julio de 2019).
¿Por qué Ecuador se identificó, se
auto-reconoció en el espejo distorsionado de PAIS? En principio, porque la red
simbólica que teje el poder lo torna invisible porque era un espejo -por lo
tanto, una distorsión de la realidad- del discurso desarrollado por las
organizaciones populares durante décadas. Correa dio rostro a un proceso de
relegitimación del sistema que restituyó la invisibilidad del poder
resquebrajada con las rupturas constitucional de la década 1996-2005. En un
espejo solo puede verse la propia faz. El discurso de Correa restituyó la
unidad al cristal trizado y con ello ocultó lo que se mantiene detrás, la misma
representación del poder, al tiempo que en la otra cara se refleja la imagen
del pueblo.
El discurso del candidato Correa fue
producto del aglomeramiento de pedidos, propuestas e inclusive de proyectos
políticos que articularon diversas organizaciones sociales y políticas. Esta
multiplicidad le fue devuelta a la sociedad gracias a un espejo que proyectaba
la imagen con que nació PAIS. En condiciones de ausencia de organizaciones
propias, los sujetos sociales pueden permitir que la representación
corporativa, asuma la representación de todos; esto es, del colectivo, de lo
público. De esta manera, el espejo que reflejó identidad pudo ser un factor
aglutinante.
Ya en el ejercicio de la presidencia,
ese mismo reflejo se convirtió en disfraz y cumplió con la función de proyectar
el interés general genuino vaciándolo de contenido y convirtiéndolo en
simulacro. Esto es posible si se considera que el campo de la comunicación
social de masas no es solo informador del proceso político, es generador de
forma, connotador de los hechos, hecho que se agrega a la realidad; es, en sí
mismo, un espacio de construcción de la política, de generación del hecho
político.
Pero el discurso no basta para
conseguir la realidad, la vocación performativa de la palabra encuentra un
límite en la madurez de la organización social, por ello, se reviste de
requerimientos formulados históricamente por sectores sociales organizados y
conduce el caudal de la voluntad popular hacia la legitimación de una
representación del poder que encubre su determinación particular en la
formulación retórica de “lo público”.
Lejos de ser el catalizador del quiebre
de los partidos políticos tradicionales, Correa usufructuó de ese proceso en su
triunfo electoral y, posteriormente, la estatización de espacio público
posibilitado por la Constitución de 2008, generó condiciones para reconstituir
la capacidad de absorción institucional del conflicto social, establecer nuevos
continentes para procesar las demandas y reequilibrar el balance de poder
estatuido y su hegemonía.
El discurso de lo público formulado por
el representante del poder devino estrategia de legitimación de una dirección
específica del Estado, donde la victoria electoral se enajena de la
organización de los movimientos sociales y la representación corporativa vuelve
peligrosa la organización popular. La promesa de un “socialismo del siglo XXI”
se redujo a una formulación retórica, era la publicidad del mismo Estado que
aparentaba la superación del neoliberalismo con una palabra que protege la
reproducción de la práctica.[4]
Al reducirse el espacio de legitimación
plebiscitaria, PAIS perdió interés en las alianzas, se refugió en sí misma y
con ello construyó su propia diversidad. A su interior, el liderazgo
incuestionado sustituye la cohesión ideológica, el aparato del Estado reemplaza
al aparato partidario, la burocracia es expresión suficiente de la base social.
En conjunto, la autodepuración del régimen lo es hacia el conservadorismo,
semejarse más al líder, homogenizarse, uniformarse.
Durante todo este proceso, el concepto
de lo público, su comprensión y construcción desde el discurso oficial se
reconstituyó y resignificó permanentemente, moviéndose pendularmente desde un
punto inicial de inclusión democrática, hacia la captura de lo público por el
Estado y, finalmente, hacia la exclusión del distinto.
La semiótica puede ser un locus del
poder, su espacio de reproducción y el espectáculo, como forma de ritual
religioso, asegura la difusión de la ideología dominante. La semiótica de la
dominación es siempre una forma que asume el poder simbólico –de acuerdo con
Bordieu (1995) – es la forma privilegiada para la reproducción de la hegemonía
en el bloque del poder, por ello, el fortalecimiento de la hegemonía reduce la
posibilidad de expresión de los intereses sociales discordantes.
Lo público político es un espacio de construcción
del poder, aunque también de potenciales contrapoderes. Si lo público es lo
visible, la “luz dura” que muestra lo que todos deben ver, se vuelve forzosa la
imbricación entre la construcción del espacio de lo público y su exposición
mediática. Lo público es también un escenario de realización panóptica del
poder, espacio del que todo lo ve y al que todos ven, y como complemento
inevitable, de generación de la “sombra” en la que se sumerge lo que no debe
ser visto, donde se mantiene lo oculto, los espacios de resistencia que
preservan intereses que pueden escapar a lo público en la medida en que no son
parte del colectivo que se organiza desde la representación del poder que
relieva lo visible.
A modo de síntesis, se puede señalar
que lo público político -como territorio simbólico- puede compartir tanto una
función de inclusión cuanto una de exclusión de intereses sociales. Ello
explica, de manera parcial y acotada, la importancia que atribuyen los
movimientos sociales, en tanto actores organizados y portadores de intereses
sociales e históricos, a la lucha por resignificar la esfera de lo público
generando nuevos espacios donde sus intereses se adhieran al imaginario
colectivo como factor de construcción de un nuevo poder simbólico con potencial
para llegar a construir interés general, es decir, para constituirse en un
contra poder político y orientador de un nuevo Estado.
A Luis XIV, el monarca bajo cuyo reinado Francia se organizó
en un régimen absolutista y centralizado, se le atribuye la frase L'État,
c'est moi (el Estado soy yo). Ecuador no ha vivido una experiencia
semejante, sin embargo, las cuñas elaboradas por el publicista de PAIS dan
cuenta de una búsqueda no muy distante. “La Patria ya es de todos y todas”, se
dijo durante la fase inclusiva; “La Patria avanza” fue el eslogan del momento
de estatización de lo público, “No pasarán” resume la posición excluyente.
Pero el líder busca encarnar también el
futuro, en palabras de Correa (2015): “Hace 10 años fuimos los primeros
indignados, fuimos los forajidos que estuvimos en las calles luchando contra
gobiernos ineptos y entreguistas. El 21 de abril del 2005 mi vida cambió y para
siempre, cuando me nombraron ministro de Economía. El resto ya es historia. Sé
bien que yo ya no soy yo, soy todo un pueblo”.
Sin embargo, PAIS fue
solo un momento coyuntural en la política ecuatoriana, aunque la determinó por
una década con Rafael Correa y marcó al gobierno de Lenin Moreno desde una
inercia no superada. De allí la importancia de analizar el discurso que
contribuyó a su fortaleza, determinar su límite e identificar su lugar en la
memoria colectiva, factor fundamental para evitar que se cumpla lo que
literatura ha previsto cuando se consolidan los gobiernos autoritarios: “un
pueblo que al mirar atrás es incapaz de reconocer sus propias huellas, pronto
olvida que puede caminar” (Santillán, 2014: 30)
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octubre 1). Comisión insiste en que hubo intento de ‘golpe’.
El Universo. (2014,
julio 26). Catalina Botero: ‘Ecuador es, tras Cuba, el país más restrictivo en
libertad de expresión’.
La Hora. (2019, julio
8) Tesis de 30-S se sostuvo con fondos desviados.
La República. (2015,
enero 12). Ernesto Gonzáles: ’El Presidente no estuvo secuestrado, sino
retenido’, dice jefe de operativo militar el 30S. https://www.larepublica.ec/blog/politica/2015/01/12/presidente-estuvo-secuestrado-jefe-operativo-militar-30s/
Teleamazonas.
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viven en estado de excepción tras incursión policial. http://www.ecuadorenvivo.com/internacional/84--sp-309/15400-comision-de-observacion-de-ddhh-dice-que-pobladores-de-intag-viven-en-estado-de-excepcion-tras-incursion-policial.html
Telerama. (2015, junio 17). ’Alguien que es de izquierda o socialista no
puede estar en contra de la revolución ciudadana’, comenta Doris Soliz. http://www.ecuadorenvivo.com/politica/83-videos/32362-alguien-que-es-de-izquierda-o-socialista-no-puede-estar-en-contra-de-la-revolucion-ciudadana-comenta-doris-soliz.html
Tercera. (2011, enero
5). Ignacio Ramonet: Entrevista a Rafael Correa. http://www.tercerainformacion.es/spip.php?article21095
[1] Para César
Montúfar, esta primera fase corresponde al momento constituyente del gobierno
de la Revolución Ciudadana, “a la fase de refundación; al momento de nacimiento
y demolición de la vieja institucionalidad e intento de reconstruir las bases
institucionales y normativas de la sociedad ecuatoriana”. A partir del 30 de
septiembre, “su proyecto político ingresa en una lógica deconstituyente. En
este nuevo momento, que poco después devino en la Consulta Popular de mayo de
2011, el Gobierno ingresó en una deriva autoritaria y de concentración de poder
sin atenuantes” (Montúfar, 2012: 158).
[2] Una valiosa síntesis de
los pensadores más representativos en este campo lo ofrece la investigación de
Marco Navas Alvear (2012).
[3] En la
presentación su libro, Testimonio de un
comandante, el general en servicio pasivo Ernesto González (2014), exjefe
del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, quien estuvo a cargo del operativo
que sacó a Correa del hospital de la Policía, señalaba: “En efecto, escuché la
voz de intranquilidad del presidente. Me manifestó que él era el presidente de
la República, que ha permanecido vejado, ultrajado y retenido por más de diez
horas; que no podía continuar en esa situación ante lo cual ordenó que se le
rescate lo más rápido posible”. http://www.larepublica.ec/ blog/politica/2015/01/12
/presidente-estuvo-secuestrado-jefe-operativo-militar-30s/
[4] Como ejemplo,
a propósito de las mesas de diálogo creadas para contrarrestar las
movilizaciones populares, en agosto de 2015, Carlos Marx Carrasco, Ministro de
Relaciones Laborales afirmó: “Debe quedar en claro que el contrato
colectivo para el sector privado tiene toda la razón de ser, porque allí está
presente todo el tiempo el conflicto capital-trabajo, mientras que en el sector
público el conflicto capital-trabajo no existe. (El Telégrafo, 2015, 28 de agosto).