Revista Científica TecnoHumanismo

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Julio - Septiembre 2026

Volumen 6 / No. 3

ISSN: 2710-2394

pp. 188 - 203

Licencia CC BY

Acceso a la justicia e indemnización en divorcios por la causal de separación de hecho en el 1º Juzgado de Familia de Ventanilla y Mi Perú, 2022-2025

Access to justice and compensation in divorces based on de facto separation: 1st Family Court of Ventanilla and Mi Perú, 2022–2025

Acesso à justiça e indenização em divórcios com fundamento na separação de fato no 1º Juízo de Família de Ventanilla e Mi Perú, 2022-2025

ARTÍCULO ORIGINAL

 

Katherine La Rosa Castillo

klarosac@gmail.com

https://orcid.org/0009-0005-5868-4067

Jueza de Familia de Ventanilla y Mi Perú, Lima - Perú

Recibido 08 de Junio 2026 | Arbitrado y aceptado 08 de Julio 2026 | Publicado el 08 de Agosto 2026

RESUMEN

En el 1º Juzgado de Familia de Ventanilla y Mi Perú, se han registrado 24 procesos de divorcio por separación de hecho, con sentencia aprobada por la Sala Civil de Puente Piedra- Ventanilla, en el periodo 2017 a 2020. De estos, en 13 se fijó indemnización en favor del cónyuge más perjudicado, pero solo en  1 se cumplió con el pago de la indemnización fijada. Esto significa que existe una discrepancia significativa entre el número de resoluciones de pago de indemnización y el cumplimiento efectivo de las mismas. Esto implica una deficiencia en el acceso a la justicia. El objetivo es determinar cuál es el grado de  relación entre el pago de la indemnización y el acceso a la justicia en los procesos de divorcio por la separación de hecho. Se asume como hipótesis de trabajo que el no pago de la indemnización en favor del cónyuge más perjudicado se debe a la indeterminación de la naturaleza jurídica de la indemnización y del momento del pago en nuestro ordenamiento jurídico, afectando el acceso efectivo a la justicia. 

Para su realización se considera aspectos teóricos de acceso a la justicia, divorcio por separación de hecho y naturaleza jurídica de la indemnización. Se ha empleado los métodos de análisis bibliográfico y estadístico con la correspondiente presentación de datos y la discusión de los mismos. Las conclusiones obtenidas son: 1.- que la hipótesis planteada es válida, 2.- el artículo 345-A del Código Civil y el Tercer Pleno Casatorio debe precisar en forma categórica que la indemnización es de naturaleza compensatoria y debe ser efectuada antes de la expedición de los partes judiciales para la extinción del vínculo matrimonial.

Palabras clave: Acceso a la justicia, divorcio remedio, indemnización, separación de hecho, ejecución de sentencias.

ABSTRACT

In the 1st Family Court of Ventanilla and Mi Perú, 24 divorce cases based on *de facto* separation—with judgments upheld by the Civil Chamber of Puente Piedra-Ventanilla—were recorded between 2017 and 2020. In 13 of these cases, compensation was awarded to the more disadvantaged spouse; however, the payment was actually made in only one instance. This reveals a significant discrepancy between the number of court-ordered compensation awards and their actual fulfillment, indicating a deficiency in access to justice. The objective of this study is to determine the relationship between the payment of such compensation and access to justice in divorce cases based on *de facto* separation. The working hypothesis is that the failure to pay compensation to the more disadvantaged spouse stems from a lack of clarity in the legal system regarding the legal nature of this compensation and the timing of its payment, which in turn hinders effective access to justice.

The study examines theoretical aspects concerning access to justice, divorce based on *de facto* separation, and the legal nature of the compensation. Bibliographic and statistical analysis methods were employed, followed by the presentation and discussion of the data. The conclusions are as follows: 1) the proposed hypothesis is valid; and 2) Article 345-A of the Civil Code and the Third Plenary Cassation Ruling should explicitly clarify that the compensation is compensatory in nature and must be paid before the issuance of the judicial documents required to dissolve the marital bond.

Keywords: Access to justice, divorce as a remedy, compensation, *de ​​facto* separation, enforcement of judgments.

RESUMO

No 1º Juizado de Família de Ventanilla e Mi Perú, foram registrados 24 processos de divórcio por separação de fato, com sentença confirmada pela Câmara Cível de Puente Piedra-Ventanilla, no período de 2017 a 2020. Desses, em 13 casos foi fixada uma indenização em favor do cônjuge mais prejudicado; contudo, apenas em 1 houve o efetivo pagamento da indenização estabelecida. Isso revela uma discrepância significativa entre o número de decisões que determinam o pagamento de indenização e o seu efetivo cumprimento, o que aponta para uma deficiência no acesso à justiça. O objetivo é determinar o grau de relação entre o pagamento da indenização e o acesso à justiça nos processos de divórcio por separação de fato. Adota-se como hipótese de trabalho que a falta de pagamento da indenização ao cônjuge mais prejudicado decorre da indefinição, em nosso ordenamento jurídico, quanto à natureza jurídica dessa indenização e ao momento em que deve ser paga, o que compromete o acesso efetivo à justiça.

Para a realização deste estudo, foram considerados aspectos teóricos relativos ao acesso à justiça, ao divórcio por separação de fato e à natureza jurídica da indenização. Utilizaram-se métodos de análise bibliográfica e estatística, com a respectiva apresentação e discussão dos dados. As conclusões obtidas são: 1) a hipótese formulada é válida; 2) o artigo 345-A do Código Civil e o Terceiro Pleno Casatório devem especificar, de forma categórica, que a indenização possui natureza compensatória e deve ser paga antes da expedição dos documentos judiciais destinados à extinção do vínculo matrimonial.

Palavras-chave: Acesso à justiça, divórcio-remédio, indenização, separação de fato, execução de sentenças.


Introducción

Acceder a la justicia es obtener una respuesta judicial efectiva frente a las pretensiones de las partes, siendo en este caso la ejecución de las sentencias de divorcio por la causal de separación de hecho. Comprende la obligación de hacer accesibles recursos judiciales, rápidos, idóneos e imparciales por parte del Poder Judicial para lograr tal fin. Debe tenerse en cuenta que el acceso a la justicia constituye un derecho primordial, toda vez que a partir de él se hacen efectivos otros derechos humanos y que la materialización de éste traerá consigo una sociedad, pacífica, equitativa y justa. Es necesario destacar que el cumplimiento efectivo de las resoluciones judiciales respecto al pago de la indemnización en favor del cónyuge más perjudicado constituye la prueba plena del acceso a la justicia en el caso de divorcios por separación de hecho. 

La Ley 27495 incorpora el artículo 333 inciso 12) en nuestro Código Civil, la causal de separación de hecho, contemplando la tesis de divorcio remedio, que tiene como propósito regularizar relaciones matrimoniales fallidas que bajo el manto de la formalidad permanecían sin cumplir con el fin del matrimonio, cual es hacer vida en común, determinando la extinción de las mismas. Esta ley incorporó el artículo 345 A que precisa que para invocar el supuesto del inciso 12 del Artículo 333, el demandante debe acreditar que se encuentra al día en el pago de sus obligaciones alimentarias u otras que hayan sido pactadas por los cónyuges de mutuo acuerdo; se fijó que el juez velará por la estabilidad económica del cónyuge que resulte perjudicado por la separación de hecho, así como la de sus hijos. La indemnización debe considerar los daños, incluyendo el daño personal u ordenar la adjudicación preferente de bienes de la sociedad conyugal, independientemente de la pensión de alimentos que le pueda corresponder. Sin embargo, no precisa el modo y momento del pago de la ejecución de la indemnización.

Seguidamente, mediante la Casación n° 4664-2010- Puno, se dictó el Tercer Pleno Casatorio, en el que se analiza la naturaleza de los procesos de familia, concluyendo que con estos no solo se busca resolver un conflicto de intereses o eliminar una incertidumbre y lograr la paz social en justicia, sino además debe aplicarse el Principio de Socialización del Proceso, a fin de evitar que las desigualdades puedan afectar el proceso en su decisión final, incluyendo la ejecución, precisando que la indemnización no tiene por finalidad resarcir daños sino equilibrar desigualdades económicas que pudieren resultar de la ruptura matrimonial, teniendo el carácter de obligación legal, bajo las premisas de la equidad y la solidaridad. No obstante, esta regulación del Tercer Pleno Casatorio no se cumple a cabalidad porque carece de la precisión del momento del pago de la indemnización.

Esta falta de precisión del momento del pago de la indemnización indicada en el párrafo anterior lleva al incumplimiento de la sentencia por parte de quien debe efectuarla. Lo que implica una insatisfacción de la tutela procesal efectiva en agravio del cónyuge más perjudicado. Esto genera que el derecho a la efectividad de la sentencia resulte incierto y una desigualdad económica en contra del cónyuge más perjudicado. Esto se agrava cuando no cuenta con un empleo y/o seguro de salud y otros beneficios conexos.

Frente a esta situación el problema de investigación es ¿cuál es el grado de  relación entre el pago de la indemnización y el acceso a la justicia en los procesos de divorcio por la separación de hecho? y el objetivo es determinar el grado de relación entre el pago de la indemnización y el acceso a la justicia en los procesos por la separación de hecho.

1.- Acceso a la justicia

En un sentido amplio y generalmente aceptado, el acceso a la justicia suele ser entendido como un principio básico de un Estado de Derecho, mediante el cual se determina y facilita que todas las personas, especialmente las vulnerables o más perjudicadas sin excepción alguna, puedan ser atendidas en forma debida y efectiva por los encargados de administrar justicia, en forma previsible, objetiva y oportuna.  En el Perú, el incumplimiento de las resoluciones judiciales de indemnizaciones en caso de divorcio por la causal de separación de hecho al cónyuge más perjudicado significa una violación a este derecho, por lo que “el acceso se manifiesta como un desafío pendiente”, como lo expresa la Defensoría del Pueblo.   

Hay que tener en cuenta que frecuentemente las resoluciones judiciales no logran su objetivo y finalidad por aspectos procedimentales que limitan su ejecución plena. Se mantiene o aumenta el perjuicio del litigante de menores recursos, por lo que se da la revictimización por la burla de sus derechos reconocidos y determinados en resoluciones judiciales.

Birgin (2019) considera que el acceso a la justicia es un principio fundamental de la democracia y expresión sustantiva de la igualdad ante la ley. Importa considerar lo expresado por Cappeletti M y Garth, B, citados por Birgin, quienes reconocen dos dimensiones del concepto acceso a la justicia, esto es, la primera, la dimensión normativa, que se refiere al derecho que tienen todos los ciudadanos para hacer valer sus derechos establecidos legalmente, y segunda, la dimensión fáctica, que tiene que ver  con los procedimientos que existen para garantizar de manera real el acceso a la justicia.

La Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José en los artículos 8 y 25, consagra el derecho a la tutela efectiva y el de las garantías judiciales, respectivamente. Los Estados miembros tienen la obligación de hacer efectiva su aplicación en forma estricta y oportuna, conforme a sus mandatos constitucionales y legales de cada uno de ellos. Asimismo, el artículo 25.1 determina que “no basta con la existencia  formal de los recursos sino que estos deben ser efectivos, capaces de producir resultados o respuestas a las violaciones de derechos humanos” pues de lo contrario devienen en ilusorios, no constituyendo solución a quienes los invocan. 

La Constitución del Estado de 1993, dispone en su artículo 139 inc 3) la observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional, por lo que se debe respetar su vigencia y eficacia.

El Tribunal Constitucional en su resolución n° 015-2001-AI y 016-2001-AI, respecto a la ejecución de las resoluciones judiciales, manifiesta: “ f11: El derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales no es sino una concreción específica de la exigencia  de efectividad que garantiza el derecho a la tutela jurisdiccional y que no se agota allí, ya que por su propio carácter tiene una vis expansiva que se refleja en otros derechos constitucionales de orden procesal. El derecho a la efectividad de las resoluciones judiciales garantiza que lo decidido en una sentencia se cumpla y que la parte que obtuvo un pronunciamiento de tutela, a través de la sentencia favorable, sea repuesta en su derecho y compensada si hubiere lugar a ello, por el daño sufrido”.  

Asimismo, en la resolución n° 1797-2010-PA/TC, indica: “f15: el cumplimiento de los mandatos judiciales en sus propios términos debe llevarse en forma inmediata a fin de garantizar una tutela adecuada a los intereses o derechos afectados de los justiciables. El incumplimiento inmediato de un mandato judicial, por el contrario, puede afectar no solo a quien es la parte vencedora en el proceso (esfera subjetiva), sino también afectar gravemente a la efectividad del sistema jurídico nacional (esfera objetiva), pues de qué serviría pasar por un largo y muchas veces tedioso proceso si, al final, a pesar de haber ganado, quien esté obligado a cumplir con el mandato resultante, no lo cumple”

López (2013) indica que la teoría de la acción procesal puede servir de base conceptual del derecho fundamental de acceso a la administración de justicia. Teniendo en cuenta esta posición, tal derecho deja de ser una institución teórica y formalista para pasar a ser otra de carácter real y efectiva; en cambio Toscano (2013) muestra que la indeterminación conceptual del derecho fundamental de acceso a la justicia, que puede ser y es efectivamente aprovechado por litigantes no sólo para dilatar las decisiones judiciales ordinarias, sino también hacerse de la razón sin tenerla.

Boueiri (2012) manifiesta  que en América Latina  el acceso a la justicia tiene como característica extendida el fracaso, porque muchos pobladores no logran tener el acceso a ella. En relación a los obstáculos de acceso a la justicia, el Instituto de Defensa Legal conjuntamente con la Fundación para el Debido Proceso también indican  que la falta de acceso a la justicia es un problema extendido en América Latina, lo cual implica una frustración del ejercicio efectivo de los derechos de los ciudadanos y, en consecuencia, debilita el Estado de Derecho.

2.- Divorcio por causal de separación de hecho

Mediante Ley 27495 vigente desde el año 2001, se incorporó en nuestro ordenamiento jurídico la causal de separación de hecho. La Corte Suprema, en la Casación n° 1120-2002- Puno, ha definido la separación de hecho como la interrupción de la vida en común, que se produce  por la voluntad de uno de ellos o de ambos. Al respecto, Cárdenas, (2013) manifiesta que constituye la “separación fáctica entre cónyuges, quienes dejan de compartir  la vivencia junta de una relación conyugal. Esto engloba el dejar de hacer vida conjunta en el domicilio conyugal, el incumplimiento de la cohabitación por un lapso de tiempo determinado”, p. 129.

La ratio legis de la separación de hecho, tuvo como finalidad resolver un problema social, es decir eliminar la ficción de relaciones conyugales que sólo existían como mera formalidad. Tomando en cuenta la teoría de divorcio remedio, no se trata de buscar un cónyuge culpable sino enfrentar una situación conflictiva ya existente en el que se incumplen los deberes conyugales, procurando una solución y con ello entendiéndose una causal objetiva de extinción de vínculo matrimonial. 

Para que prospere la separación de hecho se tienen que configurar tres elementos:  a) Objetivo o material, como el cese efectivo de la vida conyugal; es decir, el alejamiento de los cónyuges por decisión unilateral o por acuerdo de ambos, evidenciado en el quiebre del deber de hacer vida en común, b) Elemento subjetivo o psíquico, contenido en la falta de intención de los consortes por la vida en común o retomar la vida conyugal por decisión propia sin que medie alguna causa de fuerza mayor o caso fortuito y c) Elemento temporal: Se presenta por el transcurso del tiempo interrumpido de dos años si no tuvieran hijos y cuatro si los tuvieran.

Conforme al Tercer Pleno Casatorio, el primer efecto del divorcio por separación de hecho  es la disolución o rompimiento del vínculo matrimonial y el término de los deberes morales. Asimismo, determina como segundo efecto la estabilidad económica del cónyuge que resulte más perjudicado por la separación de hecho. Esta decisión tiene dos dimensiones: a) El establecimiento de daños de una indemnización por daños a favor al cónyuge más perjudicado  y b) Una pensión de alimentos que pudiere corresponder.

Es de resaltarse, que el aludido Pleno señala que “ los principios procesales de congruencia, preclusión y eventualidad procesal deben aplicarse en forma flexible en los procesos de familia y en particular, en los procesos de divorcio por separación de hecho, con el fin de darle efectividad de los derechos materiales discutidos” Casación n°4664-2010- Puno.  

A pesar que nuestra Corte Suprema expresa los efectos del divorcio por la separación de hecho, no precisa la obligatoriedad del pago de la indemnización previo a la extinción del vínculo matrimonial, por lo que no se garantiza el aseguramiento de la estabilidad económica del cónyuge más perjudicado e hijos.

3.- Naturaleza jurídica de la indemnización al cónyuge más perjudicado en los divorcios por separación de hecho.

El Tercer Pleno Casatorio fijó precedentes vinculantes para la determinación de la indemnización al cónyuge más perjudicado. Estos son: a) El juez deberá velar por la estabilidad del cónyuge más perjudicado, b) Apreciará el grado de afectación emocional o psicológica, la tenencia y custodia de hecho de sus hijos menores de edad y la dedicación del hogar, si demandó por alimentos, si ha quedado en desventaja económica  y c) La indemnización tiene naturaleza de obligación legal, cuya finalidad es corregir un evidente desequilibrio económico e indemnizar el daño a la persona.

El fundamento 47 del Tercer Pleno, al abordar los dos tipos de indemnización en los casos de divorcio, hace alusión a las dos clases de divorcio: sanción y remedio, detallando al divorcio sanción, causas inculpatorias y al segundo, divorcio remedio, causas no inculpatorias, aproximándonos en el considerando 48 a la compensación económica. Citando a Campusano et al (2010), el Tercer Pleno considera “esta compensación como aquella prestación satisfecha normalmente en forma de renta periódica, que la ley atribuye, al margen de toda culpabilidad, al cónyuge con posterioridad a la sentencia de separación o divorcio, dirigida fundamentalmente a restablecer el equilibrio entre las condiciones materiales de los esposos, roto con la cesación de la vida conyugal, al margen de toda responsabilidad”. Casación n°4664-2010-Puno. p. 47.

Ratifica esta posición en el considerando 50, al indicar que  si bien el divorcio por separación de hecho obedece a un criterio objetivo, a efectos de fijar la indemnización se hace necesario recurrir a ciertos elementos de la culpa o dolo, a fin de identificar al cónyuge más perjudicado, entre ellos: a) que no ha dado motivos para la separación de hecho, b) que a consecuencia de esa separación ha quedado en una manifiesta situación de menoscabo y desventaja material  con respeto al otro cónyuge y a la situación que tenía durante la vigencia del matrimonio, c)  que ha sufrido daño a su persona incluso el daño moral. Lo que lleva a concluir que se postule a un divorcio de carácter mixto, observándose causales objetivas para la determinación de la separación de hecho y causales subjetivas para la indemnización del cónyuge más perjudicado. A propósito, Tantaleán (2013) afirma que se trata de un divorcio sanción porque si no hubiera responsable no se podría establecer una indemnización.  

      En el considerando 54, fija que la indemnización regulada en el artículo 345-A del Código Civil tiene el carácter de una obligación legal, pues la norma impone a uno de los cónyuges el pago de una prestación pecuniaria a favor del otro con la finalidad de corregir un desequilibrio o una disparidad económica producida por el divorcio o la nulidad del matrimonio, y así evitar el empeoramiento del cónyuge más débil. No es imprescindible la conducta culposa o dolosa del cónyuge menos perjudicado.

En esa misma línea, Alfaro (2008), citado por Medina (2019) expresa que la obligación indemnizatoria para el cónyuge más perjudicado no es una responsabilidad civil, sino una obligación legal para uno de los excónyuges que se determina para corregir la desproporción económica que el divorcio ocasiona. 

De otro lado, la Casación n° 3401-2016-LIMA, precisa la naturaleza jurídica de la indemnización considerada en el artículo 345-A del Código Civil no tiene una naturaleza resarcitoria y, por tanto, no es un caso de responsabilidad civil contractual o extracontractual, sino que se trata de una obligación legal basada en la solidaridad familiar. 

En ese orden de ideas, si bien la Corte Suprema no ha sido categórica al expresar que la indemnización para el cónyuge más perjudicado constituye una compensación económica, es prudente indicar que el propósito de otorgarla corresponde a un criterio de velar por el cónyuge más perjudicado, deviniendo en una obligación legal para corregir un evidente desequilibrio económico e indemnizar el daño a la persona. Este daño a la persona debe ser entendido como una aproximación a las figuras del dolo y la culpa en aplicación del Principio de solidaridad que rige el Derecho de Familia, mas no como tratamiento de una responsabilidad civil. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS

Tabla 1

Procesos de divorcios por separación de hecho del Primer Juzgado de Ventanilla y Mi Perú aprobados por la Sala Superior de Puente Piedra- Ventanilla: Periodo 2022-2025

Número de procesos

 

Divorcios por separación de hecho aprobados por la Sala Superior

24

Divorcios por separación de hecho aprobados por la Sala Superior con indemnización

13

Divorcios por separación de hecho con cumplimiento de la indemnización

1

 

Método de análisis documental y observación de expedientes judiciales. El análisis bibliográfico está referido a la revisión de artículos científicos referidos al tema. La observación de expedientes judiciales se refiere a los procesos de divorcio por separación de hecho correspondientes al Primer Juzgado de Familia de Ventanilla y Mi Perú concluidos con resolución de aprobación por la Sala Superior durante el periodo 2022 – 2025.

Las variables consideradas para la elaboración del presente artículo son el cumplimiento del pago de la indemnización a favor del cónyuge más perjudicado y el acceso a la justicia, siendo que el nivel o grado de cumplimiento de la indemnización constituye prueba de la efectivización del acceso a la justicia como derecho fundamental de los ciudadanos, pues de no cumplirse queda como un derecho irreal o ilusorio.

Esto expresa la consistencia y confiabilidad entre las variables incluidas, pues el incumplimiento del pago de la indemnización fijada conlleva perjuicios adicionales al cónyuge más perjudicado por la extinción del vínculo matrimonial, incluido el sostenimiento propio y de los hijos, la prevención y la recuperación de la salud, la educación y relaciones sociales, además de la revictimización y necesidad de contratar a un abogado para litigar por el cobro de la indemnización, agravando el desequilibrio económico de esa parte.

Cabe destacar que los datos de los procesos de divorcio por separación de hecho obtenidos confirman las reiteradas expresiones de los organismos internacionales de derechos humanos y de especialistas de esta materia en el sentido que el incumplimiento de las resoluciones de indemnización para el cónyuge más perjudicado es una mala práctica que guarda relación con múltiples causas sociales, culturales y administrativas, contrarias a una eficiente administración de justicia y que va en contra del Estado de Derecho y la democracia.

Por lo expuesto se aprecia que hay un vacío en nuestra norma sustantiva y procesal para la regulación de la indemnización a favor del cónyuge más perjudicado, que como se ha indicado tiene calidad compensatoria y es una obligación legal.

RESULTADOS

De la revisión de las resoluciones judiciales se ha evidenciado que se ha logrado cumplir el objetivo de la investigación, establecer la relación que existe entre el acceso a la justicia y el pago de la indemnización al cónyuge más perjudicado en los procesos de divorcio por la causal de separación de hecho en el 1° Juzgado de Familia de Ventanilla y Mi Perú.

Los principales resultados, son:

a)     Falta precisar la naturaleza de la indemnización al cónyuge más perjudicado, por cuanto la Corte Suprema en algunos considerandos del Tercer Pleno Casatorio señala que obedece a una compensación económica y en otros a una naturaleza civil.

b)     Falta precisar el momento del pago de la indemnización al cónyuge más perjudicado, por lo que la mayoría de litigantes ha eludido el pago de la indemnización

c)     Hay riesgo de revictimización del cónyuge más perjudicado, al ver frustrada su expectativa de percibir la indemnización fijada en la sentencia y tener que realizar gastos adicionales para perseguir su crédito que conllevan al detrimento de la satisfacción de sus necesidades familiares.

DISCUSION

Los datos obtenidos permiten observar que el incumplimiento de las indemnizaciones al cónyuge más perjudicado hace que el acceso a la justicia devenga en un derecho ilusorio.

Las imprecisiones en los aspectos sustanciales y procesales pueden constituirse como injusticias contra el cónyuge más perjudicado, por cuanto al no fijarse de manera categórica que la indemnización en favor de este tiene la naturaleza de compensación económica, limita el restablecimiento del equilibrio económico.

La falta de precisión del momento del pago de la indemnización en favor del cónyuge más perjudicado posibilita que el otro cónyuge pueda solicitar sus partes judiciales para la extinción del vínculo matrimonial sin haber cumplido con el pago correspondiente. Ello significa el incumplimiento de la resolución judicial a plenitud, impide el equilibrio económico de las partes producto de la separación de hecho.

El incumplimiento del pago de la indemnización al cónyuge más perjudicado implica la revictimización de esta parte, violando el Principio de Socialización del Proceso y con ello agravando la desigualdad material de las partes.

Siendo el propósito de la indemnización velar por la estabilidad económica del cónyuge más perjudicado, el incumplimiento de la resolución que ordena el pago, debilita el sistema de justicia y el Estado democrático Derecho.

CONCLUSIONES

1.- Se determina que existe una significativa relación negativa entre el número de resoluciones que otorgan indemnización al cónyuge más perjudicado y el número de pagos de las indemnizaciones efectivamente realizados. Esto afecta el acceso efectivo a la justicia. 

2.- Se determina que el no pago de la indemnización al cónyuge más perjudicado se debe a la indeterminación de la naturaleza jurídica de la indemnización y el momento del pago de la indemnización existente en nuestro ordenamiento sustantivo y procesal. 

3.- Se establece que la redacción del artículo 345-A del Código Civil y el precedente vinculante n° 2 del Tercer Pleno Casatorio que fija una indemnización de daños, incluyendo el daño personal, posibilita confundir la naturaleza de la indemnización del cónyuge más perjudicado que es de naturaleza compensatoria por otra de naturaleza civil. Esto genera la dilación de la ejecución de la indemnización de los procesos de divorcios en la separación de hecho.

4.- La dilación de la ejecución de la indemnización del cónyuge más perjudicado, agrava los daños padecidos por este cónyuge producto del divorcio por la causal de hecho, pese a que la finalidad de la indemnización es restablecer el equilibrio entre las partes.

5.- Es necesario la modificación del artículo 345-A del Código Civil, en el sentido de definir la obligación legal y la naturaleza compensatoria de la indemnización del cónyuge más perjudicado en los procesos de divorcio por la causal de separación de hecho.

6.- El Código Procesal Civil debe determinar el procedimiento a seguir, delimitando el  tiempo y la forma de la ejecución de la indemnización del cónyuge más perjudicado, especificando que el otro cónyuge abone el pago de la indemnización previo a la extinción del vínculo matrimonial para que se cumpla el propósito de corregir el desequilibrio entre las partes. 

REFERENCIAS

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Financiamiento de la investigación

La presente investigación no recibió financiamiento de instituciones públicas, privadas ni de organismos de cooperación. El estudio fue desarrollado íntegramente con recursos propios del autor.

Declaración de intereses

No existen conflictos de intereses relacionados con la presente investigación.

Declaración de consentimiento informado

El estudio se realizó respetando el Código de ética y buenas prácticas editoriales de publicación.

Integridad científica

El presente artículo es original e inédito, no ha sido publicado previamente ni se encuentra sometido simultáneamente a evaluación en otra revista. Asimismo, el autor garantiza que la investigación fue realizada conforme a los principios de integridad científica.

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Copyright© 2026 por Henrry Coronado Salazar

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