A propósito de la desvinculación procesal de la acusación fiscal

Reviviendo viejas prácticas del sistema inquisitivo o salvadas de una acusación fiscal deficiente?

Resumen

Respecto, a la figura jurídica de la desvinculación de la acusación fiscal, surge en el año 1997, bautizada con el nombre de principio derecho, de naturaleza mixta: sustantivo y procesal, por el cual se auto arrogaba la facultad de variar la calificación legal del supuesto ilícito denunciado por el Representante del Ministerio Público, y consiguientemente determinar la pena en base a la nueva calificación.

Por este mecanismo procesal, los magistrados estaban facultados para variar la tipificación del delito por el que se venía procesando al justiciable, dentro de ciertos límites: principalmente que se trate de figuras penales ubicadas dentro de un mismo rubro típico (delitos contra el patrimonio, delitos contra la vida, delitos contra la administración pública, etc.).

Ya en el Pleno Jurisdiccional Penal de 1998, realizado en la ciudad de Ica, se acordó que, si bien era factible la desvinculación de la acusación en el extremo que propone cierta calificación jurídica del hecho y optar en la condena por un tipo penal distinto, por implicar una apreciación normativa de hechos, debía efectuarse bajo cuatro presupuestos: a) Homogeneidad del bien jurídico (el tipo penal de la condena debe afectar el mismo bien jurídico que el delito acusado); b) Inmutabilidad de los hechos y de las pruebas; c) Preservación del derecho de defensa; y d) Coherencia entre los elementos fácticos y normativos; además se acordó que en la aplicación de estas reglas debían respetarse los principios de legalidad penal, de instrucción y de verdad material.

En dicho Pleno Jurisdiccional, se extendió la facultad del órgano jurisdiccional de desvincularse de la propuesta fiscal, fijando como límite el de no condenar por un delito más grave que aquella materia de acusación, por cuanto causaría indefensión; bajo este contexto se señaló que de estimarse que el delito perpetrado es más grave que el calificado por el Ministerio Público, se debía terminar por condenar por el delito acusado.

También se estableció que la desvinculación es una potestad exclusiva del órgano jurisdiccional, por tanto, el fiscal no podía desvincularse del tipo legal considerado en el auto de apertorio de instrucción.

Debemos precisar que el principio de determinación alternativa ha sido objeto de muchas críticas, las mismas que han estado dirigidas especialmente a la forma cómo se aplica en el proceso penal regulado por el Código de Procedimientos Penales de 1940.

Exactamente, con fecha 17 de agosto de 2004, se incorporó el artículo 285-A del Código de Procedimientos Penales, donde se plantea la tesis de la determinación alternativa o desvinculación de la calificación jurídica.

De lo expuesto, no significa, en modo alguno, que la calificación establecida en la acusación escrita quede inalterada. El Tribunal de juzgamiento puede corregir algunas imprecisiones que advierta en la calificación jurídica, la cual abarca también el título de intervención delictiva; sin embargo, esta facultad no es absoluta y debe formularse conforme a la regla expresamente estipulada en el artículo 374° del Código Procesal Penal.