Vol. 1 Núm. 3 (2021): Blockchain y el reto de los recursos tecnológicos como apoyo a la educación, gestión, contabilidad y servicio público

Las Naciones Unidas definen la violencia contra la mujer como «todo acto de violencia de género que resulte, o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada».

La violencia de pareja se refiere a los comportamientos de la pareja o expareja que causan daño físico,sexual o psicológico, incluidas la agresión física, la coacción sexual, el maltrato psicológico y las conductas de control.

La violencia sexual es «cualquier acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual u otro acto dirigido contra la sexualidad deuna persona mediante coacción por otra persona, independientemente de su relación con la víctima, en cualquier ámbito.

En el Perú, el Ministerio de Salud (MINSA) a través del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC Perú) reportó más de 17 mil casos por violencia contra la mujer durante el 2022. La entidad informó que, de enero a octubre del 2022, los casos de violencia hacia la mujer dentro del grupo de violencia familiar, representaron el 86% del total de notificacionesa nivel nacional.

Así, este es un problema cotidiano y altamente prevalente en nuestra sociedad, además de grave y urgente por resolver. Los reportes oficiales apuntan que 7 de cada 10 peruanas adultas han sido víctima de violencia psicológica, física y/osexual en algún momento de su vida y, tras el confinamiento motivado por la COVID-19 ha empeorado esta situación.

Por ello, resulta trascendental estudiar esta problemática más a fondo y en este número, al respecto, se explora la resiliencia en mujeres violentadas. También sobre el embarazo en las adolescentes, siendo nuestro país el lugar en el que 13 de cada 100 adolescentes mujeres ya es madre o está embarazada. Este indicador –que resulta alarmante–lo es más cuando nos focalizamos en las regiones de la Amazonía, donde podemos encontrar hasta 40 de cada 100 adolescentes que ya son madres o están embarazadas.

Aún peor, la población adolescente y joven del país y de la región enfrenta desafíos de desarrollo, agravados y profundizados por los efectos de la COVID-19. Dichos efectos han exacerbado la violencia de género, las brechas de acceso a salud y la carga y oportunidades de trabajo, sobre todo para las mujeres. Frente a ello, dos de las principales situaciones que limitan la libertad de decisión de niñas y jóvenes son: el embarazo y la maternidad adolescente. Ambas son causa y consecuencia de la vulneración de sus derechos, constituyendo barreras para su desarrollo presente y futuro, y el de sus familias.

Esta problemática no se queda en la teoría ni enlo social, sino que trasciende también a lo educativo. Cabe recalcar, entonces, la urgencia de tomar acción en el Gobierno por incorporar y mejorar los contenidos de la educación sexual integral en las escuelas peruanas. Se comunicó anteriormente que el Poder Ejecutivo estaba decidido a implementar en las escuelas información que promueva la igualdad, la valoración y respeto del cuerpo propio y ajeno, en la autoestima y el sentido crítico para que chicos y chicas puedan responder a las diversas situacionesque enfrentan y que son propias de su edad.

María Gabriela García